Sindicatos policiales señalan un patrón recurrente tras descubrir que tres investigaciones continúan abiertas, contradiciendo la postura oficial del Ministerio del Interior
Las autoridades de la Policía Nacional enfrentan una crisis de confianza luego de admitir la existencia de ocho casos de abuso sexual o acoso laboral contra agentes femeninas destinadas en embajadas y delegaciones diplomáticas. Esta información, que contradice la declaración del Ministerio del Interior que consideraba estos incidentes como «aislados», ha generado una fuerte reacción sindical que demanda responsabilidades política a alto nivel.
Un patrón repetido y la refutación al Ministerio
La noticia salió a la luz pocos días después de conocerse la denuncia por violación contra el máximo responsable operativo (DAO) de la Policía Nacional. El sindicato JUPOL ha señalado que estos ocho casos confirmados por la Dirección General de la Policía durante los últimos años evidencian que no se trata de situaciones aisladas.
Desde la representación sindical destacan los siguientes puntos:
- Perfil de los sospechosos: Gran parte de los investigados son mandos condecorados, quienes habían sido asignados a destinos diplomáticos con privilegios, donde el salario se incrementa significativamente.
- Estado de los casos: La Dirección General de la Policía ha informado que tres de estas investigaciones permanecen actualmente abiertas, manteniendo vigente la controversia respecto a la gestión de la seguridad y el trato hacia las subordinadas en el extranjero.
- Retrasos internos: JUPOL denuncia que las pesquisas internas son lentas y no cuentan con la rapidez necesaria para proteger a las víctimas y sancionar a los responsables.
Desde la embajada en India hasta la denuncia contra el DAO
La protesta sindical se ha intensificado con casos recientes, como el de un comisario destinado en la embajada de la India, acusado de amenazar con violencia física a una subordinada. Estas situaciones, junto a la denuncia contra el DAO, han llevado al sindicato a solicitar formalmente la renuncia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.
«Es necesario restaurar la imagen de la Policía Nacional. Demandamos que se asuman responsabilidades de manera inmediata», declararon representantes sindicales.
Respuesta institucional y demandas de justicia
Las organizaciones sindicales han expresado un apoyo firme a las agentes afectadas, calificando el trato recibido como inadecuado. La presión social hacia el Ministerio del Interior es considerable, ya que se exige una revisión exhaustiva de los procedimientos de selección para puestos internacionales y una reforma en la gestión de denuncias internas que evite que los privilegios de altos mandos dificulten la acción judicial.
Esta situación genera un debate necesario sobre la cultura interna del cuerpo y las garantías reales de protección para las mujeres policías destinadas fuera de España, donde la vulnerabilidad ante superiores jerárquicos se amplifica debido al aislamiento geográfico.
