El Partido Popular presentó el lunes 9 de marzo un conjunto de medidas para aplicar de forma inmediata y así mitigar la pérdida de poder adquisitivo que enfrentan las familias españolas. Bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, la formación propondrá en el Congreso una iniciativa destinada a disminuir la carga fiscal mediante ajustes en el IRPF y en los impuestos indirectos asociados al consumo energético, solicitando al Ejecutivo de Pedro Sánchez que dé luz verde a estas acciones en el próximo Consejo de Ministros.
Una estrategia inmediata para aliviar la economía familiar
Los populares estructuran su planteamiento en tres puntos clave que, de acuerdo con sus cálculos, generarían un beneficio económico directo para los hogares. Para una familia típica compuesta por dos adultos y dos hijos, se estima un ahorro mensual de 75 euros, equivalente a casi 900 euros anuales. Las medidas incluyen:
- Deducción por hijos: aumentar al doble la cantidad actual otorgada por cada hijo en el IRPF, con el fin de compensar que los salarios reales no están creciendo al ritmo de la inflación.
- IVA energético: bajar el tipo impositivo al 10% para todos los consumidores, sin excepción.
- Impuesto de generación: eliminar de manera definitiva el impuesto para la producción de energía eléctrica, con el propósito de reducir el costo desde su origen.
Cuestionamientos sobre la estrategia comunicativa del Gobierno
Desde la dirección del PP argumentan que la situación económica de los españoles se deteriora debido al aumento del coste de la energía y a una mayor carga fiscal. Representantes del partido critican que el Gobierno privilegia las campañas de comunicación frente a la implementación de soluciones concretas.
“No es momento para lemas, sino para iniciativas. Si se trata de consignas, la nuestra es: apoyo a los españoles”, indican desde el entorno de Feijóo, haciendo referencia de manera irónica a los slogans empleados por el Ejecutivo en el ámbito internacional.
El desafío en el Parlamento
El PP buscará el respaldo de otros grupos en el Congreso para aprobar este “plan de emergencia energética”. Insisten en que la mejora de los ingresos de la ciudadanía es urgente y que el Estado debería renunciar a parte del “exceso de recaudación” generado por la subida de precios para devolverlo directamente a los contribuyentes.
