La Comisión Europea ha decidido presentar una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), ya que es el único Estado miembro que aún no ha incorporado dos directivas fundamentales. Desde Hacienda indican que las reformas están en proceso parlamentario.
La Comisión Europea ha adoptado una postura contundente frente a España. Tras varios avisos sin respuesta y un último plazo fijado en julio, el Ejecutivo comunitario ha pedido formalmente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que imponga sanciones económicas al país, que no ha incorporado dos directivas relacionadas con el IVA en su normativa nacional. España es actualmente el único estado de los veintisiete que no ha notificado esta transposición.
Los dos ámbitos del incumplimiento
La denuncia de la Comisión Europea se centra en dos directivas que afectan la competitividad empresarial y la seguridad jurídica de las operaciones:
- Régimen de franquicia del IVA para pymes: Esta directiva facilita a las pequeñas empresas españolas la posibilidad de beneficiarse de exenciones de IVA cuando operan en otros países comunitarios. Aunque España ha decidido no implementar el «IVA franquiciado» a nivel interno (que eximiría a autónomos con facturación inferior a 85.000 €), Bruselas exige su transposición para que las empresas nacionales puedan aplicar esta ventaja en el resto de la UE.
- Servicios digitales y objetos de colección: La segunda directiva regula el IVA aplicado a servicios prestados en línea y establece regímenes específicos para bienes de segunda mano y obras artísticas. La Comisión advierte que la ausencia de esta normativa crea un riesgo tangible de doble imposición o la posibilidad de que algunas transacciones queden exentas de tributar.
Respuesta de Hacienda: «La normativa está en el Congreso»
Desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero, han intentado tranquilizar afirmando que las directivas están en proceso de cumplimiento. Según fuentes oficiales, las modificaciones requeridas fueron incluidas mediante una enmienda del PSOE en la ley que transfiere la directiva DAC8. Esta ley se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados, aunque el avance ha sido lento, a pesar de que el plazo para presentar enmiendas terminó hace meses.
Reacción en el sector autónomo: “Somos los únicos en la UE”
La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha expresado una respuesta inmediata. Su presidente, Lorenzo Amor, recordó que fue esta misma asociación la que denunció al Gobierno ante la Comisión Europea en diciembre pasado por la falta de adaptación legal.
“En toda la Unión Europea, los trabajadores autónomos españoles son los únicos que no pueden beneficiarse del régimen de IVA franquiciado. Hacienda muestra lentitud y falta de diligencia para facilitar la actividad de los pequeños negocios, mientras actúa con rapidez para aumentar la recaudación”, criticó Amor.
Según los cálculos de ATA, la adopción de estas medidas y la reducción de las barreras legales podrían generar un ahorro anual de hasta 600 euros en costes administrativos para cada trabajador por cuenta propia, además de eliminar la incertidumbre legislativa que afecta diariamente al sector.
