El próximo miércoles, la Audiencia Provincial de Madrid juzgará al colaborador televisivo Kiko Matamoros y a su exesposa, Makoke, por presunta evasión fiscal a través de una compleja estructura societaria.
La Justicia aborda un nuevo caso significativo en materia de fraude fiscal. La Fiscalía, en sus conclusiones provisionales, reclama una condena de cinco años y seis meses de cárcel para Kiko Matamoros, acusado de ocultar su patrimonio a Hacienda para eludir sus obligaciones tributarias. Para su exesposa, María José Giaever —más conocida como Makoke—, pide una pena de cuatro años de prisión, al considerarla colaboradora necesaria en estos delitos.
El juicio está programado para el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid y versará sobre una presunta operación de alzamiento de bienes que, según la Fiscalía, habría generado una deuda con la Hacienda pública de 1.086.597 euros entre 2009 y 2014. Esta suma incluye la cuota tributaria, los intereses de demora y las sanciones correspondientes.
Una estrategia para proteger el patrimonio personal
De acuerdo con el escrito de acusación, desde 2009 Kiko Matamoros habría impulsado un plan para resguardar su patrimonio ante posibles embargos de la Agencia Tributaria. El fiscal señala que el acusado era plenamente consciente de que sus ingresos eran suficientes para afrontar sus deudas, pero optó por no pagarlas para no afectar su nivel económico y estilo de vida.
Para llevar a cabo esta supuesta ocultación, el Ministerio Público explica que Matamoros renunció formalmente a ser titular de bienes o ingresos. Esta maniobra consistió en la creación de varias empresas, como Salto Mortal y Silla del Ring, que gestionaban sus actividades en televisión, prensa del corazón y representación de terceros, especialmente de su entonces esposa, Makoke.
El fiscal enfatiza que, mediante la utilización de estas sociedades y la suscripción de contratos paralelos, Matamoros evitaba aparecer como receptor directo de ingresos, dificultando así que la Agencia Tributaria pudiera cobrar las deudas derivadas de su actividad profesional como tertuliano y comentarista.
La vivienda en Pozuelo de Alarcón
La acusación destaca la compra realizada en 2011 de un inmueble en Pozuelo de Alarcón valorado en 1.315.750 euros. Aunque esta vivienda fue el domicilio habitual de la pareja, el escrito señala que la titularidad fue registrada a nombre de Makoke con el propósito de evitar que Hacienda pudiera actuar contra Kiko Matamoros.
Además de la solicitud de penas de prisión, la Fiscalía reclama multas de 33.000 euros para Matamoros y 30.750 euros para Makoke. Asimismo, se exige una indemnización conjunta a la Agencia Tributaria de 471.900 euros, y una reclamación adicional individual de 636.697 euros que debería abonar únicamente Matamoros.
Es relevante recordar que Kiko Matamoros estuvo varios años en la lista de morosos de Hacienda, ingresando en ella por primera vez en 2016 y apareciendo como gran deudor con importes superiores a 600.000 euros hasta su salida en 2022, hecho que se hizo público al año siguiente.
