La sanidad pública en España constituye un fundamento esencial del Estado del bienestar y garantiza el derecho constitucional a la salud. Más que un simple servicio, el Sistema Nacional de Salud (SNS) representa un compromiso con la igualdad, la cohesión social y la dignidad de todas las personas.
Recientemente, en la Comisión de Sanidad del Senado, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una iniciativa destinada a fortalecer el carácter público del SNS. Esta propuesta pretende consolidar el modelo mediante reformas legislativas y organizativas que aseguren la prestación sanitaria bajo gestión pública, estableciéndola como la opción prioritaria frente a otros modelos.
El objetivo principal es que el sistema preserve su universalidad y equidad, garantizando a todos los ciudadanos un acceso directo y sin discriminaciones a los servicios de salud. Asimismo, se propone aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, especialmente en los conciertos sanitarios que involucran gestión privada.
Otro punto fundamental es facilitar la reabsorción a la gestión pública de los servicios que actualmente están externalizados, para asegurar que el interés general predomine sobre el beneficio privado. Estas acciones buscan mejorar la eficiencia y el control democrático del sistema sanitario español.
En los últimos años, se ha observado un notable incremento en la sanidad privada y los seguros de salud. De hecho, el 32,6% de la población española posee un seguro sanitario privado, porcentaje que es aún mayor en algunas comunidades autónomas, como Madrid con un 44,6% y Navarra con un 19,5%. Estas diferencias plantean preocupaciones respecto a posibles desigualdades en el acceso a una sanidad pública de calidad.
Al mismo tiempo, la presencia de centros públicos bajo gestión privada ha crecido un 37%, con un coste aproximado de 4.800 millones de euros. Sin embargo, el 95% de los procesos clínicos complejos son atendidos directamente por la sanidad pública, lo que subraya su papel crucial en la atención especializada.
En este marco, el anteproyecto de ley sobre gestión pública e integridad del SNS, aprobado por el Consejo de Ministros, adquiere especial relevancia. Esta normativa prioriza la gestión pública, limita la externalización y establece evaluaciones estrictas junto con la publicación de informes para justificar cualquier gestión indirecta en casos excepcionales.
Los principios de accesibilidad, sostenibilidad, calidad, eficiencia, transparencia, equidad y solidaridad forman la base de este enfoque, cuyo centro es el paciente y cuyo objetivo principal es proteger el derecho a la salud.
Es esencial evitar que la sanidad se convierta en un espacio dominado por intereses privados. La salud debe mantenerse como un derecho universal garantizado por la administración pública, evitando que factores como la residencia o la capacidad económica condicionen el acceso.
La igualdad en sanidad representa uno de los grandes logros democráticos de España, y protegerla de la mercantilización es una responsabilidad compartida. No obstante, la iniciativa para reforzar estos principios fue rechazada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, lo que refleja diferencias profundas en la visión del modelo sanitario entre las fuerzas políticas.
En las comunidades donde gobierna el Partido Popular, a veces con el apoyo de Vox, se han promovido políticas que favorecen la privatización y la externalización, transfiriendo recursos públicos hacia entidades privadas y debilitando el sistema público.
Este enfrentamiento refleja una disyuntiva fundamental sobre el significado de la salud pública en España: mientras algunos defienden que debe ser un derecho garantizado por lo público, otros la entienden como un sector sujeto a las reglas del mercado.
El futuro del Sistema Nacional de Salud no es solo una cuestión técnica o administrativa, sino una decisión clave sobre el país que deseamos construir: uno donde la salud sea un derecho accesible para todos o uno en el que dependa de la capacidad económica individual.
En definitiva, respaldar la sanidad pública es favorecer la igualdad y la justicia social. Esta responsabilidad no puede abandonarse si se pretende mantener un sistema sanitario sólido, eficaz y verdaderamente universal para las generaciones presentes y futuras.
