El denominado «caso Mascarillas» que afecta a la Diputación de Almería ha experimentado un avance significativo tanto en cantidad como en alcance. Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dirigido al juzgado de instrucción, eleva a 43 el número total de personas físicas y jurídicas bajo investigación.
El juez Manuel José Rey Bellot ha convocado a declarar a todos los involucrados que se mencionan en el documento, entre los que se encuentran empresarios, representantes legales y exdirigentes políticos destacados, quienes están bajo sospecha de corrupción relacionada con la contratación pública.
Las tres vertientes de la trama
La Guardia Civil ha identificado tres principales áreas en las que operaba la red de corrupción, las cuales funcionaban bajo un esquema previamente planificado:
- El contrato «Azor» y los sobrecostes: Se enfoca en la adjudicación de un contrato por 2 millones de euros destinado a material sanitario en abril de 2020. Según la UCO, se produjo un sobrecoste de un millón de euros que fue distribuido de manera ilícita entre funcionarios públicos.
- Licitaciones fraudulentas: La organización habría manipulado los procesos en las áreas de Fomento y Agricultura para favorecer a ciertas compañías específicas, como Pulconal y O.Y.C., aprovechando la influencia del entonces vicepresidente, Óscar Liria.
- Movimientos de dinero en efectivo en la dirección provincial: Los investigadores analizan pagos en metálico que habrían alcanzado a la cúpula de la Diputación, con indicios que involucran al expresidente Javier Aureliano García y al exvicepresidente Fernando Giménez.
Blanqueo de capitales y un viaje polémico a Madrid
El informe policial describe métodos utilizados para «blanquear» dinero mediante el uso de cuentas asociadas a familiares y comunidades de bienes, con el fin de introducir fondos de origen no identificado en el circuito financiero legal.
Además, la UCO aporta detalles sobre un viaje a Madrid en junio de 2025 cubierto por la Diputación. Aunque inicialmente se justificó como una asistencia a una reunión en la FEMP, los registros de cámaras y llamadas confirman que los implicados no acudieron a la sede oficial, usando el tiempo para realizar compras y actividades personales en el centro de la ciudad.
Importante decisión judicial: Tras revisar los datos de telefonía y registros, el juez ha acelerado la instrucción y ha considerado pertinente citar inmediatamente a los 43 investigados para esclarecer en profundidad el posible desvío de fondos públicos.
