En un avance histórico para la justicia transicional en España, la Fiscalía de Barcelona ha determinado que la activista independentista Blanca Serra sufrió torturas por parte de la policía franquista en 1977. Es la primera vez que una investigación penal apoyada en la Ley de Memoria Democrática de 2022 considera estos hechos no solo como abusos, sino dentro del marco de crímenes contra la humanidad.
El fin de la impunidad interpretativa
Históricamente, las denuncias relacionadas con crímenes durante la dictadura se encontraban con obstáculos como la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de delitos. No obstante, en esta ocasión, el Ministerio Público ha roto ese patrón al aplicar la reciente legislación de memoria, que pone en primer lugar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
La fiscal de Memoria Democrática de Barcelona, Sara Gómez, informó personalmente a Serra que los abusos sufridos durante sus detenciones —especialmente la de febrero de 1977— formaban parte de una práctica sistemática de represión política. Según el escrito fiscal:
«Se ejerció violencia física y psicológica con el único propósito de castigar su actividad política opositora a la dictadura, dentro de un régimen institucionalizado de represión».
Un archivo con matices: reconocimiento sin autores identificados
A pesar del valor simbólico de la resolución, la Fiscalía ha pedido el archivo provisional del caso en el juzgado. Esta decisión no cuestiona la existencia del delito, sino que responde a la imposibilidad de identificar a los responsables materiales de las torturas tras casi cincuenta años.
Sin embargo, esta resolución abre tres posibilidades clave para el porvenir:
- Reconocimiento oficial: Blanca Serra es declarada formalmente como «víctima del franquismo».
- Posibilidad de reapertura: Al tratarse de un sobreseimiento provisional, el proceso puede reabrirse si emergen nuevos datos o documentos que permitan identificar a los culpables.
- Vías civiles: La Fiscalía insta a la denunciante a considerar «otras acciones judiciales» que permitan obtener reparaciones económicas o patrimoniales.
Un precedente para futuros casos
Este precedente establece un camino para numerosas querellas similares. La investigación previa al archivo por falta de autor refleja que la Justicia española comienza a alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos, que exigen que el Estado investigue crímenes de lesa humanidad sin importar si los responsables pueden ser sancionados.
Blanca Serra, detenida en cuatro ocasiones entre 1977 y 1982, ve así reconocido un relato de décadas de resistencia, marcando un antes y un después en el enfoque judicial hacia la represión llevada a cabo por la Brigada Político Social.
