Una auditoría interna realizada por la empresa pública Tragsatec ha determinado la presencia de importantes deficiencias en la contratación y seguimiento de Jéssica Rodríguez, antigua pareja del exministro José Luis Ábalos. El documento, enviado al Tribunal Supremo semanas antes del inicio del juicio, señala que la escasa supervisión de su rendimiento se vinculó, en gran medida, a la «presión» ejercida por ADIF.
Remuneración sin desempeño efectivo
De acuerdo con la acusación fiscal, Rodríguez recibió un total de 43.978 euros durante el periodo 2019-2021 a través de contratos con Ineco y Tragsatec, a pesar de no haber realizado labores concretas. En particular, Tragsatec abonó 9.500 euros por seis meses en 2021.
La propia interesada admitió en la investigación que no acudía a su lugar de trabajo, una declaración que coincide con las de sus supervisoras, quienes indicaron haber recibido instrucciones para «no molestar a la sobrina del ministro» al ser consultadas sobre su ausencia en el registro de entradas.
«Se detectaron irregularidades relacionadas con el registro de jornadas que fueron señaladas repetidamente, sin que se aplicaran medidas correctoras», subraya el informe de cumplimiento de la entidad.
Deficiencias en el procedimiento de selección
La revisión interna de Tragsatec revela que las fallas no solo afectaron el control posterior, sino también el proceso de ingreso de Rodríguez. El informe resalta:
- Falta de entrevista técnica: No existe constancia de que se realizara esta evaluación obligatoria conforme a las normas internas.
- Supervisión insuficiente de ADIF: Dado que los servicios se prestaban en dependencias de ADIF, este organismo debía asignar las tareas, pero no reportó ningún incumplimiento.
- Desactivación de alertas internas: A pesar de las advertencias, no se puso en marcha ningún protocolo formal para sancionar o corregir las anomalías detectadas.
Perspectiva judicial
Estos acontecimientos forman parte del caso que comenzará a juzgar el Tribunal Supremo el próximo 7 de abril. En el juicio estarán presentes el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el intermediario Víctor de Aldama.
La Fiscalía sostiene que Ábalos aprovechó su «posicionamiento jerárquico» para facilitar estas contrataciones mediante una «presión moral efectiva». Por otro lado, la Audiencia Nacional mantiene a la entonces presidenta de ADIF, Ana Pardo de Vera, como investigada por su posible responsabilidad en la administración de estos contratos.
