El Consejo de Ministros Extraordinario finalmente ha dado luz verde a dos decretos para mitigar los impactos derivados de la guerra en Irán: un conjunto de reducciones fiscales en energía y carburantes, junto con una prórroga automática para contratos de alquiler solicitada por el socio minoritario.
Este viernes 20 de marzo, La Moncloa fue testigo de una intensa crisis en la coalición que retrasó la implementación de las medidas urgentes para hacer frente a la crisis energética. Después de más de dos horas de demora y la ausencia inicial de los ministros de Sumar, el Gobierno alcanzó un acuerdo in extremis estructurado en dos decretos: uno con un enfoque financiero y otro dedicado a la protección del derecho a la vivienda.
Un Consejo de Ministros marcado por el retraso y la ausencia
La sesión, prevista para primera hora, comenzó pasadas las 11:30 horas debido a la negativa de los cinco ministros de Sumar a participar en un Consejo que, según denunciaron, buscaba únicamente aprobar rebajas fiscales sin contemplar medidas para proteger a los arrendatarios.
Esta situación provocó una reunión urgente a puerta cerrada entre el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mientras los ministros de ambos grupos esperaban por separado. Finalmente, se logró un «principio de acuerdo» que permitió finalizar los detalles del decreto durante la reunión ministerial y permitió la reincorporación de los miembros de Sumar.
Medidas: reducción del IVA y protección del alquiler
El plan integral para afrontar las consecuencias económicas de la guerra de Irán se materializa en dos decretos ley con el objetivo de contener la subida de precios y ofrecer apoyo a los grupos más afectados:
- Paquete Anticrisis: Consiste en una reducción del IVA de las gasolinas al 10% para frenar el aumento en el coste de los carburantes, junto a otras rebajas fiscales aplicadas a la electricidad y al gas.
- Vivienda: Atendiendo a las demandas de Sumar, se aprueba la prórroga automática de los contratos de alquiler que están próximos a finalizar, con el fin de evitar incrementos bruscos en las rentas durante la crisis.
- Suministros: Se mantiene la prohibición de cortar servicios básicos a familias vulnerables y se amplía el bono social eléctrico.
- Control de márgenes: Sumar ha solicitado mecanismos para asegurar que las reducciones fiscales no generen beneficios extraordinarios en las compañías energéticas, sino que beneficien directamente al consumidor.
Reacciones de la oposición y las comunidades autónomas
El Partido Popular calificó la tensión dentro del Ejecutivo como un Gobierno «fracturado». La formación de Alberto Núñez Feijóo criticó la postura de los ministros de Sumar en un contexto de urgencia internacional.
Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pidió que el coste de estas medidas sea cubierto completamente por el Estado central, alertando que trasladar estos gastos a las comunidades autónomas afectaría la financiación de los servicios públicos regionales.
Desde EH Bildu, la portavoz Mertxe Aizpurua expresó que la reducción del IVA sobre los carburantes «no representa una solución definitiva», ya que considera que estas medidas fiscales suelen beneficiar de manera desproporcionada a las grandes empresas energéticas, sin apoyar suficientemente a la ciudadanía.
Se espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en breve ante los medios para explicar en detalle el alcance final de ambos decretos y los plazos para su entrada en vigor.
