El Tribunal Supremo impide la emisión completa del juicio sobre las mordidas en las mascarillas y restringe a los medios la reproducción de fragmentos informativos mientras el PP solicita 30 años de prisión.
El que se considera uno de los procesos políticos más relevantes en España en esta década tendrá lugar sin transmisión en tiempo real. El Tribunal Supremo ha emitido un auto que niega terminantemente la retransmisión, ya sea total o parcial, del juicio contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
A pesar de la importancia política y social del caso, el tribunal aplicará la misma medida restrictiva empleada anteriormente con el ex Fiscal General, permitiendo únicamente una señal institucional. Esta señal podrá ser utilizada por los medios para elaborar cortes informativos, pero no para una cobertura continua. En la práctica, esto implica un corte informativo en directo durante las sesiones que se celebrarán entre el 7 y el 30 de abril.
Los acusados de la llamada «trama Koldo»
El juicio enfrenta a la antigua dirección del Ministerio de Transportes en una de las etapas más críticas de la pandemia:
- José Luis Ábalos: La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 24 años de prisión, mientras que el Partido Popular, que actúa como acusación popular, eleva la pena a 30 años. Se le acusa de beneficiarse de sus posiciones en el Gobierno y como Secretario de Organización del PSOE.
- Koldo García: Su exasesor y mano derecha enfrenta una petición de 19 años y medio de cárcel.
- Víctor de Aldama: El intermediario, cuya declaración ha sido fundamental para la investigación, afronta la pena menor (7 años) debido a su colaboración con la Justicia.
80 testigos y declaraciones por escrito
El juicio también destaca por la cantidad de altos cargos que deberán testificar sobre la adjudicación de contratos públicos. Sin embargo, dos figuras destacadas han optado por el privilegio institucional:
- Francina Armengol (Presidenta del Congreso) y Ángel Víctor Torres (Ministro de Política Territorial) han solicitado declarar mediante escrito, evitando así el enfrentamiento directo y la exposición pública en la sala de juicio.
La tesis de un beneficio conjunto
La acusación sostiene que los tres implicados conspiraron para obtener un «beneficio económico común» a través de la captación de empresas por parte de Aldama, utilizando la influencia administrativa que Ábalos tenía al frente del Ministerio.
Con la prohibición de la transmisión completa, el Supremo busca moderar el ambiente de «espectáculo mediático» alrededor del caso, aunque esta decisión ha generado críticas entre quienes consideran que un supuesto caso de corrupción de esta magnitud debería ser tratado con la máxima transparencia.
