La unidad interna de Vox se ve afectada nuevamente tras recientes revelaciones sobre la administración financiera del partido. De acuerdo con una investigación de El País, el grupo de asesores más próximo a Santiago Abascal facturó cerca de 1,3 millones de euros al partido en un solo año (específicamente en 2020), cifra que ha provocado reacciones en el sector crítico y ha llevado a la dirección a publicar un comunicado de aclaración.
La mayoría de los pagos se destinó a Tizona Comunicación, empresa vinculada a Kiko Méndez-Monasterio y Gabriel Ariza, considerados como los «ideólogos detrás del líder de Vox».
Aspectos clave de la controversia
La polémica no solo se centra en el monto elevado de los contratos, sino en el contexto y destino de esos recursos públicos:
- Contrataciones directas: Los críticos señalan que estas adjudicaciones se efectuaron sin procesos públicos ni transparencia, justo cuando el partido comenzaba a recibir importantes subvenciones tras su acceso a las instituciones.
- Relaciones familiares: La controversia aumenta al revelarse que una de las empresas de este grupo, la editorial IVAT, empleó a la esposa de Abascal, la influencer Lidia Bedman, con un salario anual de 63.600 euros.
- Crecimiento notable: La facturación aumentó de algo más de 500.000 euros en 2019 a casi 1,3 millones en 2020, consolidando un vínculo comercial que los disidentes califican como un «partido-empresa».
Respuesta de Vox: «Un trabajo destacado»
Frente a la magnitud de las informaciones, el partido ultraderechista emitió un comunicado extenso. En él, no niegan las cifras, pero justifican los pagos con base en los resultados obtenidos:
- Organización profesional: El partido argumenta que Tizona Comunicación contaba con más de 20 profesionales en un contexto en que Vox no disponía de estructura propia para abordar su crecimiento.
- Resultados electorales: Destacan el «trabajo destacado» de los asesores, a quienes atribuyen gran parte de los éxitos electorales recientes.
- Campaña externa: La dirección de Abascal interpreta estas revelaciones como parte de una campaña de «difamación» destinada a desestabilizar la formación.
Un partido dividido
Esta revelación surge en un momento de elevada tensión interna. Dirigentes como Juan García-Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, están bajo el foco de la dirección nacional (con procedimientos de expulsión abiertos) tras solicitar mayor transparencia en las finanzas y cuestionar el traslado de fondos desde el partido hacia la Fundación Disenso y el entorno empresarial de los asesores.
Mientras la cúpula de Vox trata de mantener la cohesión, la presencia del Tribunal de Cuentas y la presión de los «disidentes» internos amenazan con convertir la gestión económica en un desafío importante para Santiago Abascal de cara a 2026.
