El Ministerio de Trabajo confirmó este martes su decisión de continuar con la reforma del registro horario, a pesar de la oposición expresada por el Consejo de Estado. Este órgano ha rechazado el proyecto de real decreto argumentando que vulnera la protección de datos personales y supera las competencias legales del Gobierno, además de imponer costos económicos demasiado elevados a las empresas.
A pesar del informe desfavorable, el ministerio dirigido por Yolanda Díaz sostiene que esta regulación representa un compromiso «irrenunciable» establecido en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar, y que será presentado en el Consejo de Ministros «a la mayor brevedad» después de incorporar algunos ajustes técnicos menores.
Los tres fundamentos principales del rechazo del Consejo de Estado
El dictamen del Consejo de Estado planteó críticas relevantes a la propuesta de Trabajo, apoyándose en tres puntos esenciales:
- Protección de la privacidad: El informe indica que el acceso digital a datos de los trabajadores por parte de la Inspección de Trabajo no garantiza de manera adecuada la protección de datos personales ni clarifica quiénes podrán acceder a dicha información.
- Exceder las competencias reglamentarias: El organismo considera que el decreto no solo desarrolla la ley vigente, sino que introduce nuevas obligaciones para los empleadores que no cuentan con apoyo en normas superiores.
- Elevado coste para las Pymes: Según las estimaciones aportadas, implementar el sistema digital supondría un gasto aproximado de 868 millones de euros, con un impacto calculado en 55,4 euros por trabajador anualmente, afectando al 94 % del tejido empresarial, conformado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas.
Discrepancias internas en el Gobierno
La iniciativa ha puesto de manifiesto diferencias notables entre ministerios. Mientras el Ministerio de Trabajo reprocha al Ministerio de Economía su alineamiento con empresas infractoras, el ministro Carlos Cuerpo ha defendido una «implantación equilibrada» que evite presionar excesivamente a las Pymes.
«El objetivo es lograr un registro de jornada efectivo que elimine las horas extraordinarias no remuneradas», afirman fuentes de Trabajo, quienes acusan a la patronal y a Economía de intentar impedir un avance social.
Respuestas de la patronal y sindicatos
- CEOE y Cepyme: Han celebrado el informe y consideran que el proyecto presenta un «vicio de nulidad», advirtiendo que, de aprobarse como está, emprenderán acciones legales.
- CCOO y UGT: Rechazan el dictamen del Consejo de Estado y lamentan que se generen obstáculos para una herramienta clave contra el fraude laboral.
El Ministerio de Trabajo trabaja actualmente en la revisión del texto para reforzar su defensa judicial, centrándose en fortalecer la negociación colectiva y los protocolos de protección de datos, mientras mantiene la exigencia del formato digital obligatorio, disponible en tiempo real para la Inspección.
