La fundación FAES, presidida por el expresidente José María Aznar, ha entrado este miércoles en el debate político con un editorial urgente titulado: ‘¿Hasta cuándo se abusará de nuestra paciencia?’. Este artículo responde directamente al discurso del presidente Pedro Sánchez en el Congreso, emitido ayer, donde criticó la implicación de España en la guerra de Irak hace 23 años.
«Una oposición con retraso»
La fundación calificó las declaraciones de Sánchez como un esfuerzo por hacer «una oposición retrospectiva con un retraso considerable». A diferencia de otros líderes de ese periodo, como George W. Bush o Tony Blair, quienes han mostrado ciertos grados de autocrítica o publicado disculpas, el entorno de Aznar mantiene una defensa firme de la decisión adoptada en 2003.
La justificación sobre las armas de destrucción masiva
El aspecto más controvertido del editorial se centra en la explicación de la intervención militar. FAES reconoce que no se localizaron las armas, pero sostiene que la actuación del Gobierno en aquel momento se fundamentó en la siguiente premisa:
«Sadam había contado con armas de destrucción masiva y las había empleado contra su propio pueblo… No permitió que los inspectores de la ONU comprobaran esta situación. De haberlo hecho, no se habría llevado a cabo la intervención militar. Aunque en el instante de la intervención no se hallaron esas armas y, por tanto, se puede pensar que ya no existían, el Gobierno de Aznar actuó conforme a la información disponible y a la lógica. Esto no significa engañar ni manipular».
La defensa basada en resultados electorales
Para contrarrestar la idea de que la guerra de Irak supuso un daño social irreversible para el Partido Popular, FAES se apoya en los resultados de los comicios de mayo de 2003, celebrados apenas dos meses después de la invasión.
La fundación argumenta que «la guerra no perjudicó electoralmente a Aznar como esperaba la oposición», recordando que en esas elecciones municipales y autonómicas el PP obtuvo victorias en 9 de las 13 comunidades en disputa y en 35 de las 52 provincias del país. Con este planteamiento, el editorial pretende separar el rechazo social a la guerra de la confianza del electorado en la gestión de Aznar en aquel momento.
