La Fundación argumenta un posible conflicto de intereses debido a que la doctora coordinaba trasplantes y señala que su informe fue clave en un procedimiento que consideran muy serio.
La Fundación Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona contra la médica encargada de tramitar la eutanasia de Noelia. La organización acusa a la profesional de un presunto delito de prevaricación, basando su denuncia en una supuesta infracción de la normativa vigente. Según la entidad, la doctora habría incurrido en un «conflicto de intereses» al participar en el proceso mientras ocupaba el cargo de coordinadora de trasplantes en el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf.
Posibles irregularidades en el procedimiento
En la denuncia se destaca que la médica, especialista en Medicina Intensiva, no era la doctora habitual de la paciente ni mantenía una relación clínica previa con ella. Sin embargo, Abogados Cristianos indica que esta profesional fue una figura «clave» en el proceso, calificando su informe como «decisivo» para la resolución del caso.
La fundación afirma que la doctora redactó manualmente la solicitud de eutanasia, donde se consignaba como prioridad la voluntad de Noelia de ser donante de órganos y tejidos. No obstante, la parte demandante subraya que la joven revocó esta donación «en el último momento», lo que, según la organización, podría evidenciar irregularidades en la gestión del expediente desde sus inicios.
Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, ha definido el caso como «muy grave», señalando que no es admisible decidir sobre la vida de una persona cuando existe un «interés directo en la obtención de sus órganos». Según la fundación, esta situación de incompatibilidad podría haber invalidado todo el procedimiento de asistencia para morir.
Estado judicial de la Comisión de Garantía
Este nuevo paso jurídico surge en un contexto de investigaciones anteriores relacionadas con el mismo asunto. Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona admitió a trámite en noviembre pasado una querella de la misma fundación contra dos miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Generalitat.
En esa causa se investigan supuestos delitos de falsificación de documento público y prevaricación, basados en la presunta simulación de un desacuerdo en el informe del 2 de julio de 2024 para elevar el caso a la comisión. Sin embargo, de manera reciente la Fiscalía ha pedido el archivo de la investigación contra estos dos miembros del comité evaluador, tras las declaraciones ofrecidas en sede judicial.
