El exasesor ministerial Koldo García ha efectuado un último recurso para tratar de paralizar el juicio que dará comienzo el próximo martes en el Tribunal Supremo, vinculado a supuestas comisiones ilegales en contratos de mascarillas. Tras haber agotado todas las vías ordinarias de recurso, su defensa ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional alegando la vulneración de derechos fundamentales.
La disputa sobre la jurisdicción competente
El núcleo del conflicto reside en determinar qué tribunal debe encargarse del caso. La defensa, encabezada por la abogada Leticia de la Hoz, argumenta que, tras la renuncia del exministro José Luis Ábalos a su escaño y la consecuente pérdida de su aforamiento, el Tribunal Supremo perdió su competencia para juzgar el asunto. Según esta postura, la causa debería remitirse completamente a la Audiencia Nacional para respetar el derecho a ser juzgado por un tribunal ordinario predeterminado por la ley.
Por su parte, el Tribunal Supremo ha descartado esta interpretación en varias ocasiones. El Alto Tribunal sostiene que la competencia se determina en el momento en que se dicta el auto de apertura de juicio oral. En ese instante, Ábalos aún conservaba su condición de diputado, por lo que el Supremo considera que debe seguir a cargo del enjuiciamiento.
Estrategia ante el Tribunal Constitucional
En el recurso presentado, la defensa solicita al Tribunal Constitucional que suspenda cautelarmente la ejecución del auto emitido por el Supremo, antes de que se entre a valorar el fondo del asunto. La finalidad es evitar que el juicio se inicie la próxima semana, argumentando que, si posteriormente el Constitucional les diera la razón, el pronunciamiento resultaría ineficaz si el juicio ya hubiera concluido.
Antecedentes del procedimiento
La investigación comenzó en 2024 en la Audiencia Nacional, por presuntas irregularidades en contratos de material sanitario durante la pandemia. Actualmente, el proceso está dividido: el Tribunal Supremo juzga los hechos relacionados con Ábalos, Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, mientras que el resto de la causa continúa bajo la jurisdicción de la Audiencia Nacional.
