La Guardia Civil ha identificado ingresos por 344.500 euros a través de alquileres turísticos que relacionan los fondos de la gran estafa de Madeira Invest con la compra de activos inmobiliarios.
La investigación sobre el fraude piramidal de Madeira Invest Club (MIC) ha sufrido un cambio significativo. Según el informe más reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el entramado liderado por Álvaro Romillo —quien financió con 100.000 euros en efectivo al eurodiputado Alvise Pérez— empleaba un negocio paralelo de alquileres turísticos en la plataforma AirBnB para dar una apariencia legal a fondos que procedían de la estafa.
El rastro de 344.500 euros
Los investigadores han detectado más de cien transferencias efectuadas entre abril y septiembre de 2024 a una cuenta clave de la red, perteneciente a la sociedad Sabrosso LTD. Dichos pagos suman casi 344.500 euros, con cantidades que van desde pequeñas reservas de 57 euros hasta abonos considerables de hasta 12.000 euros.
Para la UCO, este patrón no es fortuito. Los agentes consideran que la organización utilizaba inmuebles adquiridos con dinero captado a los inversores defraudados para:
- Obtener liquidez inmediata.
- Complicar el seguimiento del dinero al fragmentar los ingresos mediante clientes internacionales.
- Blanquear capitales, integrando los fondos dentro del circuito económico legal mediante una actividad que aparenta ser legítima.
Una estructura ‘fantasma’ sin empleados
El informe presentado a la Audiencia Nacional resulta concluyente sobre la actividad real de la red. Mientras Romillo aseguraba que su empresa se dedicaba a la compraventa de obras de arte, la UCO no ha encontrado evidencias de esta actividad. Por el contrario, el 98% de los ingresos registrados en 2023 provenían directamente de las víctimas del fraude.
Destaca la disparidad entre el volumen económico gestionado y la estructura de la organización. Solo en 2024, una de sus cuentas registró ingresos superiores a 106 millones de euros, a pesar de que la entidad carecía de empleados dados de alta en la Seguridad Social.
Cooperación internacional y el papel del sector bancario
Ante estos indicios, la Audiencia Nacional ha solicitado una Orden Europea de Investigación (OEI) a Irlanda, donde se ubica AirBnB, con el fin de rastrear el origen de cada pago y verificar la titularidad de los inmuebles utilizados.
Además, los abogados de las víctimas (Zaballos Abogados) han puesto la atención en la Caixa Geral de Depósitos, principal banco portugués. Han pedido al juez que se investigue si la entidad incumplió la normativa de prevención del blanqueo de capitales al permitir el movimiento de millones de euros hacia paraísos fiscales o cuentas en el sudeste asiático, donde la trama desvió más de 29 millones de euros.
Datos destacados de la trama:
- 3.000 inversores perjudicados.
- 180 millones de euros defraudados bajo promesas de rentabilidad del 50%.
- 26 sociedades distribuidas en España, Portugal y Nuevo México (EE. UU.).
El juez de la Audiencia Nacional ha decidido ampliar los plazos de instrucción dada la complejidad extrema de una red que no solo captaba efectivo con fines políticos, sino que también diversificaba sus activos en vehículos de lujo, eventos y apartamentos turísticos para ocultar el rastro del fraude.
