Por segundo año consecutivo, el magistrado ha programado una comparecencia en día festivo para avanzar en la investigación. La audiencia persigue formalizar la imputación y confirmar que la causa sea juzgada por un jurado popular.
El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid vuelve a ocupar un lugar relevante en la actualidad política y judicial en este Miércoles Santo. El juez Juan Carlos Peinado ha citado en esta fecha a los tres imputados —Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés— para notificarles oficialmente su decisión de que el caso sea sometido a un jurado popular.
Una convocatoria formal sin asistencia presencial de los imputados
A pesar de la importancia de la convocatoria, no está prevista la presencia física de la esposa del presidente del Gobierno ni de los demás investigados en los juzgados de Plaza de Castilla. Fuentes jurídicas consultadas por EFE han informado que los tres estarán representados por sus abogados para esta diligencia, requerida por la Ley del Jurado.
Esta actuación del juez Peinado representa el tercer intento para enviar la causa a un tribunal popular. Anteriormente, la Audiencia Provincial de Madrid revocó sus decisiones debido a «falta de motivación» y le ordenó consolidar las piezas relativas a malversación y tráfico de influencias en un único procedimiento.
Dos años de investigación y cinco delitos imputados
La causa, que cumplirá dos años el próximo 16 de abril, indaga la posible comisión de cinco delitos por parte de Begoña Gómez:
- Tráfico de influencias.
- Malversación.
- Corrupción en los negocios.
- Apropiación indebida.
- Intrusismo.
Mientras el juez observa indicios delictivos relacionados con la financiación de su cátedra en la Universidad Complutense y sus vínculos con Barrabés, la defensa de Gómez ha pedido el sobreseimiento de la causa, alegando que la investigación está dirigida contra ella por ser la esposa del presidente del Gobierno.
El elemento temporal: la jubilación próxima de Peinado
El factor tiempo es determinante para el desarrollo de esta investigación. El juez Peinado alcanzará los 72 años a finales de septiembre, límite máximo legal para desempeñar el cargo judicial. Debido a que los recursos ante la Audiencia Provincial suelen tardar entre 5 y 8 meses, existe una posibilidad real de que el magistrado tenga que jubilarse antes de concluir la instrucción o dictar el auto de apertura de juicio oral.
No es la primera ocasión en la que Peinado utiliza fechas de Semana Santa para realizar actuaciones relevantes; en 2025, por ejemplo, acudió al Palacio de la Moncloa en Miércoles Santo para tomar declaración como testigo al ministro Félix Bolaños.
