El CAID asiste a 200 personas desde una sede ampliada sin permiso en Ceuta
El Gobierno de Ceuta, a través de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, desarrolla un proyecto destinado a reducir la brecha digital y promover la inclusión laboral de grupos vulnerables. Desde febrero, el Centro de Activación Integral Digital (CAID) apoya a 200 ciudadanos ceutíes en su búsqueda de empleo.
Sin embargo, el centro opera desde un local que ha sido ampliado recientemente sin contar con la licencia urbanística requerida ni cumplir la normativa vigente. La sede, situada en un espacio perteneciente a la Autoridad Portuaria y anteriormente dedicada a la venta de vehículos, ha sido modificada mediante la instalación de paneles y estructuras no autorizadas, configurando una construcción irregular.
Esta situación es conocida por las administraciones implicadas, que han optado por mantener la actividad del centro pese a la ausencia de los permisos correspondientes. Resulta llamativo que un proyecto público, respaldado por la Ciudad Autónoma y entidades estatales, se desarrolle en un local con irregularidades urbanísticas.
El CAID ofrece acompañamiento y formación personalizada a personas en riesgo de exclusión social. Mediante entrevistas individuales, se diseñan itinerarios adaptados que incluyen talleres digitales, orientación laboral, y asesoramiento práctico para la elaboración de currículums y preparación para entrevistas de trabajo.
Nabila Benzina, responsable del área, destaca la importancia de eliminar las barreras digitales para facilitar el acceso al empleo y a la educación. La aplicación de herramientas tecnológicas permite realizar un seguimiento personalizado de los usuarios. Por su parte, Isabel Palma, coordinadora del centro, señala la necesidad de superar los pensamientos limitantes presentes en muchos beneficiarios del programa.
No obstante, estos propósitos positivos quedan opacados por la irregularidad legal en la que se encuentra el centro. La ampliación sin licencia y la construcción fuera de normativa plantean serias dudas sobre el respeto a la legalidad por parte del Ejecutivo local.
Tanto el Gobierno de Ceuta como la Autoridad Portuaria, que en otros contextos exigen el cumplimiento estricto de normativas, permanecen sin ofrecer aclaraciones sobre esta situación. La cesión del inmueble, la falta de controles y la ausencia de transparencia sobre las condiciones en las que se encuentra el local han generado interrogantes sin respuesta oficial.
Mientras tanto, el CAID continúa su labor de apoyo a decenas de personas, aunque bajo la sombra de una situación administrativa irregular que contrasta con los valores de legalidad que debería promover.
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