Ceuta, 15 de mayo de 2025 – La empresa municipal SERVILIMPCE se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras las acusaciones por alterar las condiciones laborales de varios empleados sin contar con la autorización previa del Consejo de Administración, el órgano responsable de aprobar estas medidas. Algunos trabajadores contratados para labores exclusivamente durante los fines de semana habrían sido convocados para cubrir jornadas semanales de 35 horas, un cambio no formalmente aprobado.
Lo relevante es que la reunión del Consejo de Administración para abordar este asunto está programada para mañana, viernes 16 de mayo, lo que genera dudas sobre la legalidad de las modificaciones ya implementadas. Diversas fuentes cuestionan cómo han podido ejecutarse estos ajustes antes de la deliberación y autorización del órgano correspondiente.
Esta situación se agrava con la existencia de un informe de la Inspección de Trabajo que rechaza estas prácticas, advirtiendo sobre la irregularidad de cambiar las condiciones contractuales sin respetar los procedimientos legales vigentes. Pese a ello, Servilimpce ha continuado con estas modificaciones, ignorando no solo las normativas de contratación pública sino también las indicaciones de la autoridad laboral.
Desde diferentes ámbitos se denuncia que la empresa pública está incumpliendo principios básicos como el mérito, la capacidad y la legalidad, que deben regir en todas las contrataciones del sector público. «Se están adoptando decisiones al margen de la normativa y sin que los órganos de gobierno hayan tenido la oportunidad de debatirlas y aprobarlas», señalan fuentes vinculadas al caso.
Además, persiste el silencio tanto por parte de la dirección de Servilimpce como de los sindicatos, que hasta ahora no han ofrecido declaraciones públicas ni han informado oficialmente a la plantilla sobre estos hechos. Esta falta de transparencia ha aumentado el malestar entre los empleados y ha fomentado sospechas sobre decisiones arbitrarias sin supervisión institucional.
La oposición en la Asamblea no descarta llevar el caso a Pleno y solicitar responsabilidades políticas y administrativas, considerando que esta conducta puede sentar un precedente peligroso para la gestión de las empresas públicas.
En paralelo, crecen las exigencias para que se investiguen los hechos, se paralicen las acciones unilaterales y se garantice el cumplimiento de los procedimientos legales en todas las decisiones que afecten a la plantilla de Servilimpce.
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