Mohamed Mustafa alerta sobre una situación crítica y considera que la falta de psiquiatra infantojuvenil implica una violación constitucional de derechos
Ceuta Ya! ha pedido al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que actúe ante la emergencia que se vive en la salud mental infantojuvenil en la ciudad autónoma. En una carta enviada el 29 de mayo y firmada por el secretario general del partido, Mohamed Mustafa, se expone con claridad la seriedad del problema: la ausencia de un psiquiatra especializado en niños y adolescentes en el sistema público de salud de Ceuta.
Se denuncia que los menores con trastornos psicológicos no disponen de un especialista que pueda realizar diagnósticos, indicar tratamientos o modificar las dosis de medicamentos según sus necesidades, lo que, según la formación política, constituye una vulneración evidente de derechos fundamentales. «No hay profesional que diagnostique, prescriba o supervise tratamientos», lamenta Mustafa.
El portavoz de Ceuta Ya! subraya asimismo cómo esta circunstancia afecta de manera desigual a las familias con menos recursos. «Las familias con mayor poder adquisitivo recurren a la sanidad privada, mientras que quienes apenas pueden cubrir sus necesidades básicas enfrentan el abandono por parte de la administración, sin alternativas disponibles», señala, añadiendo que los entornos socioeconómicos más desfavorecidos concentran a los menores con mayor vulnerabilidad ante problemas de salud mental.
Ceuta Ya! califica la situación de «preocupante e intolerable» y la enmarca en una «clara vulneración constitucional», al negar el acceso igualitario a la salud a una parte de la población. El partido recuerda que asociaciones como TDAH Ceuta han alertado durante años sobre esta problemática sin que las autoridades pertinentes hayan ofrecido soluciones.
Mustafa finaliza destacando que «las normativas deben cumplirse, incluso en un territorio pequeño de menos de ochenta y cinco mil habitantes», y lanza un mensaje al Estado: «A pesar de las múltiples desigualdades que, con la colaboración de la élite local, el Estado impone, los ceutíes no somos ciudadanos de segunda categoría».
