La Ciudad Autónoma de Ceuta ha iniciado un proceso de licitación pública para la adquisición de un inmueble que servirá para alojar a personas en situación de vulnerabilidad, con un presupuesto que supera los 2,8 millones de euros. Esta iniciativa está enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Sin embargo, los términos del pliego generan dudas por sus requisitos muy específicos, criterios de puntuación precisos, plazos favorables y un coste por metro cuadrado que supera ampliamente los valores habituales del mercado.
Un pliego confeccionado para un perfil específico
El documento establece que la propiedad debe contar con más de 600 metros cuadrados, estar preferentemente próxima a la Consejería de Asuntos Sociales, disponer de iluminación natural, ascensor operativo respaldado por contrato vigente, acceso directo desde la calle, encontrarse libre de cargas y entregarse completamente equipada y lista para ser habitada.
Además, se exige una distribución definida: habitaciones dobles con baño privado para al menos 45 personas, dos habitaciones adaptadas, comedor tipo office de un mínimo de 55 m², aula, despachos, aseos, una zona de recepción y el mobiliario necesario. El plazo para completar la operación concluye en junio de 2026.
La especificidad de estas condiciones resulta llamativa por su precisión.
Un sistema de puntuación aparentemente orientado
El método de adjudicación asigna puntos que parecen favorecer claramente a un candidato concreto: 45 puntos pueden obtenerse por ofrecer el precio más bajo, 25 puntos por superar los 650 m² construidos y 30 puntos si el inmueble está a menos de 500 metros de la Consejería.
Esto sugiere que el edificio idóneo para estas condiciones ya está definido o reservado, dejando escasas posibilidades de competencia real para otros interesados.
Además, el precio máximo fijado, 2.849.837,85 €, implica un coste superior a 4.000 € por metro cuadrado, significativamente por encima del valor medio de la zona, que ronda los 1.750 €/m². Esta disparidad resulta notable y generaría crítica y posibles investigaciones en contextos con mayor vigilancia institucional o periodística.
Fechas que contribuyen a la opacidad
El proceso se desarrollará durante el verano, un periodo en que gran parte de la población está ocupada con actividades propias de la estación, como festivales, playa o fin de curso escolar. La adjudicación de un contrato de alto valor se realizará con poca atención pública, lo que reduce la transparencia del procedimiento.
Una necesidad social justificada, pero utilizada como cobertura
La necesidad de mejorar la atención a personas sin hogar en Ceuta es indudable, así como la importancia de destinar recursos a crear instalaciones adecuadas. Sin embargo, utilizar esta necesidad legítima para justificar un proyecto con características opacas, sobredimensionadas y posiblemente direccionadas convierte la iniciativa en algo más cercano a un negocio que a una política social.
En lugar de fomentar una ciudad más equitativa, esta operación podría aumentar la desconfianza ciudadana, el clientelismo y la percepción de falta de responsabilidad que ya se percibe localmente. La verdadera cuestión no es la ayuda a los más vulnerables, sino quién obtiene los beneficios de esta licitación.
Cuestionamientos sobre el control, la cobertura mediática y la oposición política permanecen abiertos. La falta de debate sostiene el esquema en el que Ceuta sigue siendo un lugar donde los pliegos son confeccionados a medida, los metros cuadrados se sobrevaloran y la rendición de cuentas es inexistente.
