Los socialistas critican la falta de claridad, demandan explicaciones sobre el sobrecoste del inmueble y ponen en duda que los informes técnicos sean firmados por cargos políticos.
Ceuta, 25 de junio de 2025. El PSOE de Ceuta ha manifestado su desacuerdo con el Gobierno de Juan Vivas debido a la ausencia de respuestas precisas acerca de múltiples irregularidades detectadas en el proceso de licitación para adquirir un inmueble destinado a un albergue social. Según el principal grupo de la oposición, el Ejecutivo local respondió con una actitud de «soberbia» en el Pleno celebrado hoy, sin aclarar las incertidumbres sobre el procedimiento.
Miguel Ángel Pérez Triano, secretario general del PSOE ceutí, reprochó a la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, encargada del expediente, la falta de justificación del sobreprecio del edificio y cuestionó que los informes técnicos estén suscritos por responsables políticos y no por peritos independientes. “Hoy en el Pleno no hubo una defensa técnica del proyecto, sino un intento por ocultar una operación poco transparente y llena de dudas”, afirmó Pérez Triano.
El PSOE considera insuficientes y poco convincentes los argumentos dados por la consejera, como su afirmación de que “la licitación se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad”. Para los socialistas, esto no supone un acto de transparencia, sino el cumplimiento de una obligación legal mínima. “¿Realmente esperan ser felicitados por ajustarse a la ley?”, criticaron desde la formación.
De acuerdo con los socialistas, el Gobierno ha desaprovechado ya 20 meses desde que el Ejecutivo central destinó cerca de tres millones de euros a Ceuta para la construcción del albergue. “Veinte meses sin proyecto concreto, sin ejecución ni resultados. Ahora intentan ocultar esta inacción con un proceso acelerado, cuestionable y diseñado a medida”, señalaron.
Asimismo, el PSOE sostiene que el expediente parece elaborado a medida, con criterios de valoración subjetivos que favorecen un inmueble en particular, limitando la competencia libre e igualdad entre los posibles licitantes.
En este aspecto, critican la ausencia de un estudio público de alternativas que avale la idoneidad de esta opción y destacan que la valoración del edificio se basa en un informe técnico muy breve que reconoce desconocer el valor real del inmueble.
Además, contradicen la afirmación de Chandiramani sobre que el criterio económico pesa un 50% en la adjudicación, asegurando que es del 45%, mientras otros factores como la proximidad a la Consejería de Servicios Sociales (30%) y el tamaño del edificio (25%) podrían estar definidos para favorecer a un licitador específico.
Por otra parte, denuncian la carencia en el expediente de un calendario de ejecución claro y de indicadores verificables para el seguimiento, lo que pone en riesgo el cumplimiento de los plazos asociados a la financiación europea, aumentando la posibilidad de perder esos fondos.
“El proceso no asegura ni la eficiencia, ni la legalidad ni la equidad que debe tener un proyecto financiado con fondos públicos europeos. Eso es inaceptable”, concluyó Pérez Triano.
El PSOE de Ceuta anunció que llevará este asunto al Tribunal de Cuentas, la Fiscalía y “a donde sea necesario”, considerando que se trata de un caso serio que afecta a un recurso social muy demandado y que debía haberse gestionado con rigor técnico y acuerdo político.
“Lamentablemente, el Gobierno intenta proteger políticamente una decisión cuestionada en lugar de aportar respuestas claras a la ciudadanía”, finalizaron desde el partido.
