El intento de cuestionar el convenio de Servilimpce responde, según fuentes consultadas por este medio, a un movimiento de presión tras quedar fuera de la licitación por no acreditar solvencia económica.
El debate generado en torno al nuevo convenio colectivo de Servilimpce, especialmente las acusaciones de posible ilegalidad por superar el límite legal del 2,5% en el incremento de la masa salarial, estaría motivado por una operación de presión orquestada después de que la empresa Bulyba SL quedara excluida del concurso público para gestionar el Hotel Puerta de África, según fuentes conocedoras del proceso consultadas por este medio.
La empresa fue apartada del proceso de adjudicación tras no cumplir con uno de los requisitos esenciales: acreditar la solvencia económica mínima exigida en el pliego, estimada en 2,5 millones de euros. Aunque la mercantil presentó documentación aclaratoria, los informes técnicos y de Intervención la consideraron insuficiente, argumentando que no se ajustaba a los criterios establecidos en la licitación.
Desde entonces, diversas fuentes apuntan a que la reciente ofensiva mediática contra el convenio de Servilimpce —y los intentos de poner en entredicho la labor del interventor municipal y del vicepresidente Alejandro Ramírez— responden más a un intento de venganza empresarial que a un verdadero interés fiscalizador.
Convenio en trámite y dentro de los cauces legales
Según fuentes jurídicas y administrativas consultadas por este medio, el nuevo convenio de Servilimpce aún no ha sido aprobado definitivamente. Actualmente, se encuentra en fase de revisión por parte de la Intervención Delegada, que debe verificar su adecuación al marco legal vigente. En caso de que se detecten desviaciones respecto al límite del 2,5% impuesto por los Presupuestos Generales del Estado, el texto no pasará el control.
Pese a ello, la estrategia comunicativa desplegada en los últimos días da por hecho que el documento ha sido avalado sin reparos, lo cual no se ajusta a la realidad del procedimiento. Tampoco es cierto, según las mismas fuentes, que el comité de empresa actúe como si el convenio ya fuese firme.
Un precedente de tensión con Intervención
El origen de esta ofensiva estaría, de acuerdo con las fuentes consultadas, en el descontento de Bulyba SL tras ser apartada del proceso de adjudicación del Hotel Puerta de África. En un primer momento, la empresa habría confiado en que sus explicaciones económicas fueran suficientes, pero el órgano de fiscalización *desestimó su viabilidad financiera, al considerar que la documentación presentada no garantizaba la estabilidad exigida por el contrato.
El cambio de criterio entre los informes —que se enmarca dentro de la evolución técnica normal de un expediente— ha sido utilizado para alimentar sospechas sobre la actuación de Intervención, pese a que todo el proceso ha seguido los cauces legalmente establecidos.
Presión mediática en aumento
El conflicto ha derivado en una campaña de descrédito contra varios cargos públicos y técnicos de la Ciudad Autónoma. Según las fuentes, se estaría utilizando el caso del convenio colectivo para cuestionar la integridad del interventor municipal y del propio vicepresidente primero, intentando convertir un procedimiento administrativo ordinario en una polémica política.
A juicio de estas fuentes, el verdadero objetivo no sería denunciar una ilegalidad, sino forzar un cambio en decisiones técnicas que ya han sido adoptadas y fundamentadas en derecho, con el trasfondo de la exclusión de una empresa que aspiraba a gestionar una de las principales infraestructuras turísticas públicas de Ceuta.
