El ejecutivo local muestra su discrepancia con varias comunidades afines y advierte sobre la saturación en los recursos de acogida. Por su parte, el Gobierno central llevará el asunto al Tribunal Supremo.
Ceuta se encuentra en una situación complicada debido al aumento de menores inmigrantes que debe acoger. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que tenía previsto diseñar un plan para distribuir a los menores desde territorios saturados como Ceuta y Canarias hacia otras regiones, no se celebró este jueves por falta de quórum, tras la decisión de varias comunidades gobernadas por el Partido Popular de no asistir.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, denunció que esta ausencia no solo paraliza la iniciativa gubernamental, sino que también representa una falta de apoyo a Canarias y a los menores que legalmente deberían ser acogidos en otras comunidades. Además, acusó a algunas autonomías, entre ellas la Comunidad de Madrid, de dificultar el traslado de menores solicitantes de asilo, lo que obligará al Ejecutivo a solicitar la aprobación del Tribunal Supremo para realizar las reubicaciones con respaldo legal.
Ceuta se distancia del bloqueo del PP
Desde la Ciudad Autónoma, el vicepresidente del Gobierno local, Alejandro Ramírez, manifestó su descontento con la postura de algunas comunidades del mismo partido político y lamentó las consecuencias directas sobre Ceuta. “La situación es preocupante. Para Ceuta, al igual que para Canarias, la atención a los menores es una prioridad”, señaló.
Ramírez añadió que la Ciudad Autónoma ha tenido que activar recursos de emergencia para hacer frente a la saturación actual. “Comprendemos que existan discrepancias sobre la financiación o los procedimientos, pero debería tratarse de un asunto de Estado”, defendió.
Un sistema con recursos al límite
El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, también mantuvo un encuentro en Madrid con responsables del Ministerio de Juventud e Infancia, pese a la cancelación de la Conferencia Sectorial. Durante la reunión, subrayó la gravedad del contexto: Ceuta alberga en la actualidad a 428 menores no acompañados, cifra que supone una sobreocupación del 386 %.
“La presión sobre los recursos disponibles es insostenible”, advirtió Gaitán, quien destacó además que la proporción de menores acogidos por cada 1.000 habitantes multiplica por 24 la media nacional. La Ciudad Autónoma solicita mecanismos de corresponsabilidad territorial y apoyo estatal urgente para garantizar una atención adecuada.
El reparto bloqueado
El plan del Gobierno central contemplaba el traslado de aproximadamente 4.000 menores no acompañados desde Ceuta, Canarias y Melilla hacia otras regiones, especialmente Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. Sin embargo, diez comunidades con gobiernos del PP, además de Castilla-La Mancha, se oponen firmemente al reparto y han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto.
El Partido Popular argumenta que el modelo propuesto resulta arbitrario y busca dividir a las autonomías, dejando fuera a regiones como Cataluña y País Vasco, que apoyan al Gobierno central. “Son personas que merecen protección, no simples números para distribuir”, han señalado representantes del partido.
El Tribunal Supremo interviene
Frente al estancamiento político y la falta de acuerdo, el ministro Torres anunció que el Ejecutivo solicitará al Tribunal Supremo su respaldo para llevar a cabo el reparto de menores con legalidad y garantías. “La diferencia es clara: el Gobierno apuesta por la acogida, mientras el PP la bloquea”, concluyó el ministro en un mensaje difundido en la red social X.
