Ceuta. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) llevará al próximo Pleno de la Asamblea una propuesta para la realización de un estudio integral sobre el estado de los centros educativos de la ciudad. La formación localista reclama que el análisis sea coordinado entre la Ciudad Autónoma y el Ministerio de Educación y que permita identificar las deficiencias estructurales acumuladas durante décadas en los colegios e institutos de Ceuta.
El objetivo, según ha explicado el partido, es elaborar un diagnóstico preciso de las infraestructuras escolares y diseñar un calendario de actuaciones con plazos reales, de modo que las intervenciones necesarias puedan ejecutarse “sin perturbar la vida diaria de la comunidad educativa”.
Quejas por el deterioro de los centros
El MDyC ha recordado que las deficiencias en varios colegios, como el CEIP Príncipe Felipe, donde existen problemas estructurales, o el CEIP Maestro José Acosta, cuya fachada presenta riesgo de desprendimiento, son solo algunos ejemplos de la preocupante situación que afecta a numerosos centros. A ello se suman las carencias del CEE San Antonio, que también ha sido objeto de reiteradas denuncias por parte de la comunidad educativa.
Para el grupo localista, la situación actual “no es sobrevenida”, ya que muchos de los edificios escolares superan los 80 años de antigüedad y han acumulado deficiencias “parcheadas de manera sistemática por parte del Ejecutivo y del Ministerio de Educación”. En este sentido, el MDyC considera que la falta de coordinación entre administraciones ha convertido a la comunidad educativa en víctima de la irresponsabilidad institucional.
Exigen planificación y responsabilidades
El partido defiende que el estudio propuesto debe incluir no solo el diagnóstico de cada centro, sino también la delimitación clara de las competencias y responsabilidades de cada administración implicada. “No se pueden consentir más actuaciones improvisadas y sin planificación, como las del CEIP Ramón y Cajal”, advierten desde la formación.
El MDyC ha denunciado que la situación de este último centro ha provocado graves trastornos a las familias, que deben llevar a sus hijos a varios colegios distintos mientras se resuelven los problemas estructurales del edificio. “Las familias no pueden seguir soportando la falta de previsión y la descoordinación administrativa”, subrayan.
La formación concluye exigiendo que tanto la Ciudad Autónoma como el Ministerio “depuren responsabilidades en lugar de ofrecer excusas” y mantengan actualizados los informes sobre el estado de los centros educativos, con el fin de garantizar que los espacios escolares sean seguros para alumnado, profesorado y familias.
