El Ejecutivo español resta importancia a la compleja situación que enfrenta la atención psiquiátrica en Ceuta, a pesar de las advertencias realizadas por sindicatos y asociaciones sanitarias sobre una crisis persistente debido a la escasez de especialistas. En los primeros días de noviembre, el Sindicato Médico comunicó que la profesional recién incorporada decidió abandonar su cargo, dejando otra vez a la ciudad sin cobertura psiquiátrica.
A pesar de este contexto, el Gobierno asegura contar con los recursos necesarios y descarta la existencia de alarma alguna. Esta postura contrasta con las críticas de colectivos profesionales y afectados, que mantienen que la situación es crítica.
Frente a las preguntas formuladas por senadores del Partido Popular, el Ejecutivo niega la suspensión de consultas y subraya que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) actuó «de forma adecuada y efectiva», aplicando los planes establecidos para asegurar la continuidad del servicio.
Derivaciones y acuerdos externos ante la carencia de especialistas
Según la respuesta oficial, Ingesa dispone de una plantilla estructural de cuatro psiquiatras, ampliable a dos más si fuera necesario. Ante las ausencias médicas que dejaron el servicio sin profesionales, se implementó un plan de contingencia que contempló la contratación con centros externos.
Inicialmente, las consultas no urgentes se derivaron a la clínica privada Hospitén en Estepona (Málaga), debido a la saturación del Servicio Andaluz de Salud (SAS). No obstante, tras la baja de la psiquiatra en dicho centro, se canceló el contrato y se trasladaron las consultas a la Clínica Virgen del Rosario, en Algeciras (Cádiz). Se destaca que Ingesa asumió los gastos de transporte y alojamiento de los pacientes desplazados.
Desde el 26 de agosto, los pacientes adultos reciben atención nuevamente en la Unidad de Salud Mental del propio Ingesa.
Colaboración de hospitales andaluces
El Gobierno señala que la atención urgente ha contado con el respaldo de psiquiatras de guardia del SAS, quienes colaboran en la evaluación de pacientes y deciden las derivaciones o ingresos necesarios. Además, indica que se cubren los costes vinculados a estos desplazamientos.
El Ejecutivo insiste en que la gestión de la dirección y gerencia de Ingesa ha sido «eficaz y eficiente», permitiendo mantener todos los servicios.
Aunque remarca que un profesional de apoyo se incorporó el 2 de septiembre, no menciona que este abandonó su puesto a comienzos de noviembre, pese a que la respuesta está fechada el 14 de noviembre.
Falta de especialistas a nivel nacional
El Ejecutivo puntualiza que no hay psiquiatras infantojuveniles disponibles en España, dado que la primera promoción de esta especialidad está aún en formación. Asegura que los psiquiatras generalistas están cualificados para atender a menores y que en Ceuta las consultas presenciales, tanto iniciales como de seguimiento, se garantizan.
Uso de medios telemáticos
Ante las críticas sobre las consultas a distancia, el Gobierno explica que estas se emplean como un complemento para la coordinación entre niveles asistenciales o las interconsultas con otros centros peninsulares, práctica habitual en varias especialidades.
El Gobierno descarta cancelaciones y defiende su actuación
El Ejecutivo asegura que «ninguna consulta ha sido cancelada». Explica que los pacientes adultos fueron reprogramados y derivados entre el 28 de julio y el 26 de agosto, mientras que los menores lo fueron hasta el 13 de octubre.
Finalmente, recuerda que la normativa contempla cubrir bajas médicas, recurrir al SAS por cercanía y, como última opción, derivar a centros concertados.
