La Ciudad Autónoma de Melilla ha sacado a licitación un contrato para contratar a una agencia de investigación privada o detectives, con el objetivo de verificar posibles actividades incompatibles con bajas laborales entre el personal en nómina de la Administración. El documento oficial fija un precio unitario de 500 euros por cada jornada completa de investigación, equivalente a 8 horas de trabajo, incluyendo desplazamientos y elaboración del informe final.
El contrato, cuyo valor estimado asciende a 14.950 euros (sin IPSI), se enmarca dentro de los contratos menores de servicios previstos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. La licitación contempla también la posibilidad de contratar medias jornadas de investigación, valoradas en 250 euros, así como servicios de asistencia en tribunales para ratificar informes.
Investigaciones sobre el terreno
Según el pliego, la jornada del investigador incluirá desplazamientos, obtención de material fotográfico o videográfico, observación directa y redacción de informes que permitan a la Administración determinar si un empleado en situación de baja laboral está realizando actividades incompatibles con dicha situación.
El cálculo realizado por la Ciudad Autónoma estima 7 expedientes de investigación, a razón de 3 jornadas por expediente, alcanzando así el presupuesto total previsto. Además, se reserva una partida para posibles ratificaciones judiciales.
Más del 80% del gasto irá directamente a las investigaciones
El presupuesto está desglosado en dos partidas:
- 81% destinado a costes directos: honorarios del investigador, desplazamientos y material audiovisual.
- 19% destinado a costes indirectos: gestión administrativa, seguros y otros costes de operaciones.
El importe final estimado es de 14.950 euros, al límite para contratos menores de servicios.
Una propuesta que podría aplicarse también en Ceuta
La medida ha despertado interés más allá de Melilla, especialmente en Ceuta, ciudad hermana que padece exactamente el mismo problema: bajas laborales que generan dudas, expedientes que se eternizan y un coste económico elevado para la Administración y para el conjunto de la ciudadanía.
Implantar un sistema similar en Ceuta —con la contratación puntual de investigadores privados para verificar posibles irregularidades— podría agilizar expedientes, reducir el fraude y aliviar la carga presupuestaria, además de introducir un elemento disuasorio ante comportamientos abusivos.
Con ambas ciudades enfrentando retos administrativos y laborales muy similares, la experiencia de Melilla se convierte en un modelo interesante y perfectamente replicable en Ceuta si existe voluntad política.