El Gobierno publica 167 informes y escuchas telefónicas que evidencian la implicación de seis agentes de inteligencia y niegan vínculos de la Corona en el golpe
Este miércoles, el Gobierno de España ha hecho pública una compilación de 167 documentos relacionados con el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El archivo, accesible en la página oficial de Moncloa tras el anuncio del presidente Pedro Sánchez con motivo del 45 aniversario del suceso, aporta detalles hasta ahora desconocidos sobre la conspiración. Entre lo publicado destacan informes del antiguo CESID, registros de los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores, además de transcripciones telefónicas que describen la implicación de agentes de inteligencia y la decisiva actuación de Juan Carlos I frente a los alzados.
La actuación del CESID y la inteligencia en el 23-F
Uno de los aspectos más relevantes del material divulgado por Defensa confirma que seis integrantes de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID —precursor del actual CNI— tuvieron una participación activa en el intento golpista. Según los documentos, estos agentes estaban al tanto de los planes antes de que se ejecutara el golpe y coordinaron un respaldo operativo que pusieron en marcha, intentando luego ocultar sus movimientos con una operación destinada a justificar su proceder.
Nombrados en los informes se encuentran el capitán García Almenta, el capitán Gómez Iglesias, el sargento Miguel Sales, el cabo Monge Segura y el cabo Moya Gómez como conocedores directos de los hechos. También se menciona al comandante José Luis Cortina, responsable de la unidad élite de inteligencia y quien fue absuelto en el juicio posterior.
Órdenes durante la toma de TVE y llamadas de la familia Tejero
Las transcripciones reflejan la dureza del asalto a la sede de Televisión Española. Conforme al informe ‘Conversaciones telefónicas de la unidad militar El Pardo’, las fuerzas recibieron instrucciones precisas: «el primer disparo al aire y el segundo a herir». Los documentos describen cómo los militares actuaron con cargadores cargados y desactivando el seguro de sus armas, con la orden expresa de no comunicarse con nadie mientras se mantenía la ocupación.
Además, se registran los momentos de preocupación de Carmen Díez Pereira, esposa del teniente coronel Antonio Tejero. En las escuchas de la noche del 23 de febrero, Pérez expresa su inquietud a interlocutores de la Guardia Civil, afirmando: «¿Cómo puedo estar tranquila? Por Dios, si lo han dejado como una colilla. Es indignante».
Negación de la implicación de la Corona
Los documentos aportados por Interior dedican una sección significativa a desmentir las acusaciones que pretendieron relacionar a Juan Carlos I con la conspiración. El informe indica que se han «distorsionado hechos reales» e «inventado sucesos» con la intención de respaldar el golpe como una acción orquestada desde la Corona.
En particular, las transcripciones del 24 de febrero a la 1:20 de la madrugada muestran una conversación entre el Rey y el teniente general Milans del Bosch. Tras el mensaje televisado, el monarca manifestó con claridad: «Cualquier golpe de Estado no podría justificarse amparándose en el Rey y, de hecho, sería en perjuicio del Rey». A continuación, dispuso el repliegue total de las unidades sublevadas y la inmediata desistimiento de la actitud de Tejero.
Sabino Fernández Campo y el acrónimo en la sastrería
Entre los elementos particulares de esta desclasificación se encuentra una carta de Sabino Fernández Campo, en ese entonces secretario general de la Casa Real, dirigida al responsable del CESID. En ella, advierte sobre una tarjeta de visita de la sastrería «El Corte Español, S.A.», situada en la calle Montera de Madrid. Este establecimiento, que se dedicaba a uniformes civiles y militares, ocultaba en su nombre el acrónimo «Tejero». La misiva de Fernández Campo incluía además un informe sobre las reuniones previas entre el Rey y el presidente del Gobierno, que abordaron la situación diez meses después de los hechos.
Con esta difusión masiva de documentos, el Ejecutivo pretende, según sus palabras, cerrar una deuda histórica y poner fin a décadas de secreto en torno a la jornada que amenazó la democracia española en el contexto de la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo tras la renuncia de Adolfo Suárez.
