El cantante ha solicitado un acto de conciliación, requisito previo a presentar una querella criminal, tras las acusaciones formuladas por la vicepresidenta relacionadas con supuestos abusos sexuales y «esclavitud» basadas en una investigación periodística.
El enfrentamiento judicial entre Julio Iglesias y el Gobierno de España se ha intensificado con la presentación de acciones legales por parte del artista contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Las declaraciones de esta en enero de 2026, en las que le señalaba por presuntos «abusos en situación de esclavitud», han motivado esta reacción. El abogado defensor del cantante, el penalista José Antonio Choclán, considera que dichas afirmaciones son constitutivas de injurias y calumnias.
El documento de conciliación exige que la vicepresidenta realice una retractación pública y reconozca el carácter difamatorio de sus declaraciones, además de reclamar una compensación por los perjuicios ocasionados a la imagen del intérprete.
El origen del conflicto: una publicación en redes sociales y una entrevista
La disputa legal se basa en dos intervenciones de Yolanda Díaz que tuvieron lugar tras una investigación publicada por elDiario.es sobre supuestos relatos de exempleadas que trabajaron en las residencias del cantante:
- 13 de enero de 2026: Díaz compartió en la red social Bluesky una publicación en la que calificaba los testimonios como «escalofriantes» y atribuía al artista una «estructura de poder basada en la agresión permanente».
- 14 de enero de 2026: En una entrevista en La Hora de la 1 (RTVE), la vicepresidenta afirmó que el caso abarcaba «todas las vulneraciones de los derechos humanos» y sugirió al Ministerio de Cultura la retirada de la Medalla de Oro a las Bellas Artes concedida a Julio Iglesias.
Posturas de la defensa: «Juicio paralelo» y ausencia de evidencias
El equipo legal de Julio Iglesias argumenta que Yolanda Díaz ha faltado a sus obligaciones institucionales al no respetar la presunción de inocencia, al otorgar la calidad de «víctimas» a las denunciantes y calificar al cantante como «abusador» sin que existan investigaciones ni sentencias firmes que lo confirmen.
«La vicepresidenta ha utilizado un caso que no está probado ni judicializado para presentarlo como un fenómeno de ‘maltrato sistémico’, incumpliendo así su deber de proteger el derecho al honor del ciudadano», sostiene el escrito de la defensa.
Asimismo, la defensa critica que Díaz haya politizado el asunto al reprochar públicamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no condenar con contundencia los hechos desde el inicio.
Posibles repercusiones
En caso de que Yolanda Díaz no acepte la rectificación durante el acto de conciliación, la defensa de Julio Iglesias estará facultada para presentar formalmente la querella por calumnias e injurias con publicidad. Este caso destaca los límites de la libertad de expresión que deben observar los altos cargos del Estado cuando se refieren a situaciones que aún no han sido resueltas judicialmente.
