Tanto CCOO como la Confederación de Empresarios, coinciden en que este nuevo decreto es una problemática para la ciudad, tanto para las empresas y los trabajadores.
Emilio Postigo, secretario general de CCOO, ha declarado que «ha habido consenso por todas las partes», en cuanto a la constitución el grupo técnico. «Cada uno ha elevado el informe de los inconvenientes que el decreto, que todos conocemos tiene, es decir, que perjudica a los intereses de Ceuta y hemos acordado crear un documento para enviarlo a todos los entes que tengan responsabilidad para que reconsideren y modifiquen o el decreto lo deroguen»
El decreto entró en vigor el 1 de Septiembre y Emilio Postigo lo tacha de «negativo», ya que realizaron un plan estratégico de la ciudad en la que «íbamos buscando fórmulas para que hubiera negocio en Ceuta y levantáremos el negocio; esto hace todo lo contrario», ha remarcado.
«El Gobierno de la Nación debe reconsiderar lo que estamos diciendo y al final, si no hay respuesta positiva a nuestras reivindicaciones, lo que sí ha quedado claro es que todos vamos a hacer un esfuerzo y vamos a poner un mapa de reivindicaciones unidos todos, empresarios, sindicatos, incluso la Ciudad, para reconsiderar al Gobierno la modificación de este decreto», se refiere el sindicalista.
Ante la «problemática» que tienen los empresarios, «si no hay, por parte de la Administración, una subvención más clara de la que se pretende porque se ha analizado por parte de los distintos gabinetes de asesores de que, tal y como está, posiblemente no se beneficie, no se bonifique nadie».
Según el nuevo decreto resulta difícil poder bonificar a un familiar hasta el segundo grado «y aquí hay negocios que lo llevan familias, y no pueden contratar a una persona que haya trabajado ya tres meses en otra empresa», añade Postigo
Juan Manuel Parrado, Secretario General de la Confedera de Empresarios, tras la Mesa de Diálogo, ha subrayado que «todos hemos coincidido en que esto supone un problema para las empresas, para los empresarios y luego para los trabajadores, evidentemente». Expone que es un problema económico ya que «en la práctica este nuevo sistema de bonificaciones lo que implica es que no se puede aplicar». Además, «hay un nivel de exclusiones, de obligaciones que hace imposible la aplicación práctica».
La comisión lo que ha determinado es, según explica Parrado, «elaborar un documento técnico para poder hacer fuerza con la intención de revertir la situación que tenemos ahora». Lo describe de «anómala y que es totalmente perjudicial para las empresas y también para la atracción empresarial de Ceuta.»
Uno de los objetivos de la Comisión Económica es la de poder calcular cuántas empresas pueden irse o no de la ciudad, en la que están recabando datos. Desde implantación del Decreto el 1 de septiembre, los primeros datos que han podido tener, el Secretario General de la Confederación de Empresarios los tacha de «desesperanzadores». Hace alusión a distintas empresas están contratando y no pueden aplicar esa bonificación «por muchas razones, por temporalidad, por incertidumbre, por falta de garantías jurídicas», expone.
Antonio Barranco ha contestado en lugar del presidente de la Cámara, Karim Bulaix, que no ha estado en la reunión, «que hay fecha probable para una nueva reunión, pero que aún no está fijada y que han estado de acuerdo en que hay unanimidad por parte de todos los agentes sociales, «en que la norma hay que derogarla, no modificarla, porque es inaplicable» y coincide que «entonces, lo que hemos constatado es que tanto sindicatos, Confederación, Cámara y Ciudad están de acuerdo y parece ser que Melilla igual, en que la única solución es la vía de derogar lo que hay y dejar lo que estaba».
La presidencia de la reunión ha correspondido esta vez a la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani. Se ha celebrado en la sala Susana García del edificio Ceuta Center. Más adelante se volverá a convocar al grupo de trabajo.
