Este mediodía ha intervenido como testigo la empleada de EMVICESA, Patricia Murillo, que ha dicho que el modelo del contrato lo recibía de la técnico jurídico. Ha reconocido que por «el volumen del trabajo» alguna vez obligaba a ir por la tarde a la oficina y que hay compañeros que disponían de una vivienda porque tenían derecho a ella. «Nadie fue a reclamar dinero adelantado para una vivienda», ha comentado la testigo, en las propias oficinas.
Yo hice los contratos para las 317 viviendas. Volcaba los datos porque los cuadrantes ya estaban hechos, ha señalado Murillo que no fue investigada con si lo son cinco de sus compañeros.
Por su parte, Juan Luis Aróstegui ha testificado. El fiscal le ha preguntado por su puesto en política, era concejal. Yo era miembro del consejo de Administración de EMVICESA y de la comisión local de la Vivienda desde 2015. «Es muy difícil estar al tanto de los procedimientos, yo no tenía capacidad legal y material».
¿Qué defectos vio?. Que había que hacer públicos los cupos. Detectar defectos es muy complicado. Es imposible sustituir un trabajo de campo por la decisión de unos políticos.
De su etapa en 2015 en la Comisión Local se dieron las 317 VPO, le preguntó el fiscal. Luego apareció la lista fantasma y pensamos que había que denunciar. El asesoramiento jurídico del Ayuntamiento no existe, está en funciones desde hace veinte años. ¿Vio las listas con los nombres?. No miré ninguno. Di por bueno el trabajo realizado. No tuve conocimiento de cómo se desarrolló el procedimiento con Antonio López de gerente. No sabe como se enteraban los adjudicatarios. La intención era crear un conflicto político si no se hubiera publicado en todos los medios.
