Ceuta, 20 de agosto de 2025. – La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha elevado a la Organización de Naciones Unidas una denuncia relativa a la vulneración de derechos de una agente de la Guardia Civil que sufrió violencia sexual, acoso laboral y maltrato continuado por parte de un superior, condenado recientemente a 19 años de prisión por el Tribunal Supremo.
La asociación formalizó una comunicación en el marco del Procedimiento de Comunicaciones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de la ONU, en la que señala que la institución dejó a la víctima en total indefensión pese a las múltiples denuncias internas, informes de mandos y testimonios de compañeros. Según AUGC, el protocolo vigente para casos de acoso nunca fue activado y las autoridades responsables decidieron no intervenir.
Falta de cumplimiento de leyes de protección
El organismo denuncia un incumplimiento manifiesto de las normativas que amparan a las víctimas de violencia de género, incluyendo:
- La Ley Orgánica 1/2004, que exige actuación inmediata ante indicios de violencia.
- La Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, que asegura protección, asistencia y reparación.
- Los protocolos internos de la Guardia Civil sobre acoso, cuya aplicación habría minimizado considerablemente el daño ocasionado, según AUGC.
Hasta la fecha, la afectada no ha recibido indemnización, ni por parte del agresor ni de la institución, que fue reconocida como responsable subsidiaria en la sentencia.
Responsabilidad de la institución
AUGC enfatiza que este caso trasciende un delito personal y evidencia una serie de omisiones dentro de la Guardia Civil. Señala mandos y personal del EMUME que tuvieron conocimiento de los hechos sin intervenir, denuncias internas archivadas sin investigación y represalias contra compañeros que alertaron de la situación.
«La cultura del silencio y la falta de credibilidad hacia la víctima incrementaron el perjuicio sufrido», señala la asociación.
Demandas dirigidas a Naciones Unidas
La organización ha formulado varias peticiones ante la ONU:
- Reparación completa e inmediata para la víctima.
- Revisión urgente de los protocolos de acoso en la Guardia Civil, con supervisión externa y gestión fuera de la cadena de mando.
- Que los procesos relacionados con violencia de género y acoso sean juzgados por tribunales independientes, sin influencia militar.
- Reconocimiento internacional de que este caso representa una violación de los derechos fundamentales de las mujeres en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- Responsabilización por la inacción institucional.
Un problema de estructura
La AUGC concluye que este caso no es aislado, sino que refleja una estructura jerárquica que favorece el silencio y la impunidad ante la violencia contra las mujeres en la Guardia Civil. Por ello, exige a Naciones Unidas que inste al Estado español a cumplir rigurosamente sus compromisos internacionales y nacionales en materia de igualdad y protección frente a la violencia de género.
