Como trabajador de las Brigadas Verdes, y ante la reciente nota de prensa emitida por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV), considero necesario aclarar y matizar varios puntos que afectan directamente a la plantilla y a la imagen pública del servicio.
En su comunicado, la FPAV afirma haber sufrido “insultos, agresiones y descalificaciones desde todos los ámbitos”. Si algún miembro de la junta directiva se siente realmente amenazado, lo procedente es acudir a la Policía o a los juzgados, tal como haría cualquier ciudadano. Lo que no es aceptable es lanzar ese tipo de acusaciones en un comunicado oficial sin aportar un solo hecho concreto. Declaraciones así generan un clima injusto que deja en entredicho a todos los trabajadores, que siempre hemos mantenido una conducta profesional.
Sorprende también que ahora se hable de “falta de recursos” y de una situación “insostenible”, cuando quienes llevamos años en este servicio hemos sido testigos directos de una gestión marcada por el descontrol y la falta de planificación. Durante mucho tiempo se han producido decisiones difíciles de justificar: alquileres de vehículos sin criterios claros, compras de material ajeno a la actividad habitual de jardinería, gastos cuya utilidad nunca se explicó… y aun así fuimos los trabajadores quienes sostuvimos el servicio día tras día.
La FPAV apunta a la insuficiencia de la subvención como origen del problema, pero evita reconocer que la precariedad de la gestión no es nueva ni consecuencia exclusiva de los últimos presupuestos. La realidad es que la organización interna y la comunicación con la plantilla han sido deficientes durante años, sin transparencia ni participación de quienes realizamos el trabajo sobre el terreno.
Compartimos, eso sí, una afirmación de su comunicado: el futuro de decenas de familias no puede depender de una junta directiva formada por siete personas que no cuentan con los medios ni la estructura necesarios para gestionar un servicio de esta magnitud. Esa es una verdad que los trabajadores venimos advirtiendo desde hace tiempo.
La FPAV está en su derecho de renunciar a la gestión a partir de 2026. Lo que no puede es abandonar el servicio dejando atrás insinuaciones, victimismos o responsabilidades que no corresponden a la plantilla. Los trabajadores hemos cumplido siempre, pese a la mala gestión, la falta de organización y la ausencia de una dirección estable.
Reivindicamos que, a partir de ahora, las Brigadas Verdes sean gestionadas con profesionalidad, transparencia y una estructura adecuada. Los trabajadores merecemos estabilidad y respeto, y la ciudadanía merece un servicio eficiente y bien planificado.
