La reciente estancia de la Secretaria General de Formación Profesional del Ministerio de Educación en Ceuta ha causado desilusión entre profesionales del sector. Durante tres días, la funcionaria sostuvo encuentros con la Dirección Provincial, algunos equipos directivos, docentes de FP Básica y representantes del ámbito empresarial. No obstante, omitió incluir a los sindicatos en su agenda, lo que generó malestar en la comunidad educativa.
El mensaje institucional transmitido durante su visita destacó que se trabaja para ofrecer una FP «ágil, flexible, dinámica, alineada con el modelo productivo y accesible a toda la ciudadanía». Sin embargo, desde el ámbito educativo local critican esta declaración por ser genérica y aplicable a cualquier región, reflejando una carencia de compromisos concretos para la FP en Ceuta.
Un tema fundamental que se dejó fuera de las discusiones fue el futuro de la denominada “Ciudad de la FP”, un proyecto ambicioso incluido en el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, aprobado por el Consejo de Ministros en 2022. No se han dado avances hacia su ejecución ni se ha comunicado oficialmente una renuncia, lo que supone una falta de seguimiento importante considerando el respaldo político con que fue presentado.
Tampoco se brindaron explicaciones claras sobre la situación del Centro Integrado de FP nº 1, que tras cuatro años en funcionamiento carece de reglamento interno y plantilla orgánica. Estas carencias impiden una aplicación completa de la normativa vigente y relegan al centro a una función semejante a un instituto común que solamente imparte ciclos formativos, alejándose del modelo que la legislación establece para centros integrados.
La secretaria general minimizó la relevancia de los centros integrados, defendiendo un retorno a potenciar la FP en institutos de secundaria, una postura que algunos consideran alineada con la privatización del sistema educativo. Según voces críticas, esto responde más a criterios económicos que a la calidad formativa, dejando en desventaja a las familias con menos recursos.
La implantación de la FP Dual en Ceuta se ha desarrollado de manera insuficiente, sin recursos ni apoyo institucional y sosteniéndose únicamente en la dedicación individual del profesorado. Las deficiencias normativas, especialmente respecto a la acreditación de los tutores empresariales, han obligado a los docentes a improvisar y sortear obstáculos legales sin respaldo oficial.
Además, la implementación de los Certificados de Profesionalidad presenta retrasos significativos. El plazo legal para su inicio finalizó en enero sin que comenzara su impartición en la ciudad. Tras una instrucción confusa e incompleta, la administración decidió posponer su puesta en marcha al siguiente curso, sin haber corregido las deficiencias iniciales.
El caso más preocupante es la paralización del proceso de acreditación de competencias profesionales que afecta a más de 300 ceutíes, quienes llevan dos años esperando una resolución. La ausencia de una normativa específica que regule este proceso, incluida la retribución de evaluadores, ha generado un bloqueo total, situación que podría solucionarse tomando como referencia las normativas de cualquiera de las 17 comunidades autónomas españolas.
Mientras tanto, desde el Ministerio se insiste en que se trabaja por una FP moderna, inclusiva y eficiente. Sin embargo, en Ceuta la realidad contrasta con este discurso. La comunidad educativa demanda menos slogans y más acciones concretas, pues la FP en Ceuta requiere intervenciones urgentes y no visitas protocolares.
