A las 10:00 de esta mañana, en las dependencias de la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, se han reunido en la Mesa de Diálogo con distintas representaciones como Confederación de Empresarios, CCOO y representantes de la Administración, en la que ha presidido la Consejera Kissy Chandiramani.
Tanto CCOO como la Confederación de Empresarios, coinciden en que este nuevo decreto es una problemática para la Ciudad, tanto para las empresas y los trabajadores.
Tras la reunión mantenida, en la que han estado una hora y media aproximadamente, Emilio Postigo, Secretario General de CCOO, ha declarado que «ha habido consenso por todas las partes», en cuanto a la constitución el grupo técnico. «Cada uno ha elevado el informe de los inconvenientes que el decreto, que todos conocemos tiene, es decir, que perjudica a los intereses de Ceuta y hemos acordado crear un documento para enviarlo a todos los entes que tengan responsabilidad para que reconsideren y modifiquen o el decreto lo deroguen»
También han insistido en volver a reunirse » no con el Gobierno porque no pueden actuar, pero sí con el nuevo Gobierno que requiere sentarnos de nuevo, con la intención de que deroguen este y si hay alguna otra cuestión que hubiera que retocar de la anterior, pues que se consensúe», ha remarcado el Secretario.
Este nuevo decreto, que entró en vigor a principios de este mes de Septiembre, Emilio Portillo lo tacha de «negativo», ya que realizaron un plan estratégico de la ciudad en la que «íbamos buscando fórmulas para que hubiera negocio en Ceuta y levantáremos el negocio, esto hace todo lo contrario», lamenta.
Portillo prosigue, «el Gobierno debe reconsiderar lo que estamos diciendo y al final, si no hay respuesta positiva a nuestras reivindicaciones, lo que sí ha quedado claro es que todos vamos a hacer un esfuerzo y vamos a poner un mapa de reivindicaciones unidos todos, empresarios, sindicatos, incluso la Ciudad, para reconsiderar al Gobierno la modificación de este decreto».
Según Portillo, algunos representantes de la Administración General del Estado recogieron las inquietudes y se comprometieron a elevar las consultas para obtener respuestas, pero «no queda clara, entonces ellos se comprometen a elevar estas consultas para que les den respuestas porque tampoco las tienen ellos.»
Ante la «problemática» que tienen los empresarios, «si no hay, por parte de la Administración, una subvención más clara de la que se pretende porque se ha analizado por parte de los distintos gabinetes de asesores de que, tal y como está, posiblemente no se beneficie, no se bonifique nadie.»
Según el nuevo decreto y pone de ejemplo el Secretario de CCOO, esta ciudad, por sus dimensiones, resulta difícil poder bonificar a un familiar hasta el segundo grado «y aquí hay negocios que lo llevan familias, y no pueden contratar a una persona que haya trabajado ya tres meses en otra empresa.»
Juan Manuel Parrado, Secretario General de la Confedera de Empresarios, tras la Mesa de Diálogo, dice que «todos hemos coincidido en que esto supone un problema para las empresas, para los empresarios y luego para los trabajadores, evidentemente». Expone que es un problema económico ya que «en la práctica este nuevo sistema de bonificaciones lo que implica es que no se puede aplicar». Además, «hay un nivel de exclusiones, de obligaciones que hace imposible la aplicación práctica».
La comisión lo que ha determinado es, según explica Parrado, «elaborar un documento técnico para poder hacer fuerza con la intención de revertir la situación que tenemos ahora». Lo describe de «anómala y que es totalmente perjudicial para las empresas y también para la atracción empresarial de Ceuta.»
Uno de los objetivos de la Comisión Económica es la de poder calcular cuántas empresas pueden irse o no de la ciudad, en la que están recabando datos. Desde implantación del Decreto el 1 de septiembre, los primeros datos que han podido tener, el Secretario General de la Confederación de Empresarios los tacha de «desesperanzadores». Hace alusión a distintas empresas están contratando y no pueden aplicar esa bonificación «por muchas razones, por temporalidad, por incertidumbre, por falta de garantías jurídicas», expone.
Antonio Barranco, contesta que hay fecha probable para una nueva reunión, pero que aún no está fijada y que han estado de acuerdo en que hay unanimidad por parte de todos los agentes sociales, «en que la norma hay que derogarla, no modificarla, porque es inaplicable» y coincide que «entonces, lo que hemos constatado es que tanto sindicatos, Confederación, Cámara y Ciudad están de acuerdo y parece ser que Melilla igual, en que la única solución es la vía de derogar lo que hay y dejar lo que estaba»,
Quieren hacer un documento exponiendo todos los motivos por los cuales solicitan que esta derogación, «no es un capricho» ya que «peligra el empleo en la ciudad» y que a posibles inversores los pueda «ahuyentar». Explica también que distintas empresas que querían implantarse, han hecho estudios en Ceuta, que se han puesto en contacto con las asesorías y han dado la negativa a su implantación.
En el caso de mandar el documento al Ministerio de Trabajo y de no hacerles caso, plantean movilizaciones, «contundentes además», sentencia, aunque siembre de acuerdo con el resto de la comisión y que «se hará de forma unánime, nosotros en Ceuta y en Melilla también».
A Barranco le ha sorprendido «gratamente» que todos estén navegando hacia una misma dirección: la derogación y vuelta al anterior Decreto y que si ellos, como Confederación de Empresarios, han sido contundentes en su petición, los Sindicatos «han sido aún más decididos». Y finaliza: «O sea, estamos todos a una, no hay fisuras, estamos todos totalmente de acuerdo en lo mismo.»
