El Consejo de Administración de Servilimpce ha despedido a un trabajador acusado de acoso sexual a una capataz, tras la resolución de un expediente disciplinario. La medida fue sometida a votación y salió adelante con los votos a favor del PP y el PSOE, las abstenciones de Vox y MDyC, y el voto en contra de Ceuta Ya!, que consideró la sanción excesiva y propuso alternativas como la suspensión de empleo y sueldo.
Investigación y protocolo de actuación
Los hechos ocurrieron en febrero de este año, cuando la empresa tuvo conocimiento de la denuncia y activó el protocolo de acoso sexual en el trabajo. Se constituyó una comisión paritaria de investigación, que analizó las pruebas y testimonios antes de trasladar sus conclusiones al Consejo de Administración.
Servilimpce ha reiterado su compromiso con la prevención y actuación ante el acoso sexual y por razón de sexo, asegurando una política de tolerancia cero frente a este tipo de conductas en su organización.
Los hechos denunciados
Según el testimonio de la afectada, el acusado se acercó a ella cuando bajaba del vehículo de trabajo, utilizó un lenguaje inapropiado y le ofreció dinero a cambio de relaciones sexuales, mostrando los billetes de su cartera.
Ante la gravedad de la situación, la capataz grabó la escena con su teléfono móvil y aportó el audio como prueba en la investigación. La mujer declaró sentirse humillada y tratada como una prostituta debido a la oferta realizada.
Conclusiones de la investigación
La comisión de investigación concluyó por unanimidad que los hechos constituyen un caso de acoso sexual en el trabajo. Como pruebas principales, se incluyó un pen drive con la grabación, en la que el denunciado reconoció su voz, aunque intentó justificarse alegando haber sido provocado por la denunciante. Sin embargo, la comisión determinó que su versión presentaba contradicciones y que la supuesta provocación no pudo ser demostrada.
Tras esta valoración, el caso fue trasladado a la dirección de Servilimpce, que procedió a la apertura de un expediente disciplinario, concluyendo que la conducta del trabajador constituía una falta muy grave e incompatible con el entorno laboral, justificando así su despido inmediato.
Decisión del Consejo de Administración y la doble vara de medir
El despido del trabajador de Servilimpce contrasta con otro caso reciente de acoso sexual en la Ciudad Autónoma. El pasado mes de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la condena a un funcionario del Registro de la Ciudad Autónoma por acoso sexual a una trabajadora. La sentencia firme obliga al condenado a indemnizar a la víctima con 100.000 euros.
A pesar de la gravedad del caso y de contar con una resolución judicial definitiva, ni el Gobierno de la Ciudad ni su socio, el PSOE, han exigido el despido de este funcionario. Esto llama la atención si se compara con el caso de Servilimpce, donde el despido fue promovido por el Consejo de Administración de la empresa con los votos favorables de PP y PSOE, mientras que en la administración local no ha habido una postura firme para apartar al funcionario condenado.
Este doble rasero en la toma de decisiones genera interrogantes sobre la coherencia del Gobierno y sus socios a la hora de aplicar medidas disciplinarias en casos de acoso sexual. Mientras en Servilimpce han impulsado un despido sin una sentencia firme, en la administración local han optado por la inacción, a pesar de que el caso cuenta con una condena ratificada por el TSJA.