Por Alberto García López
La reciente resolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ceuta, que archiva la querella presentada por la empresa “Orquídeas y Princesas S.L.” contra el presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix García-Valiño, merece una lectura que vaya más allá de los tecnicismos judiciales. Lo ocurrido no es solo un asunto de plazos, sino una cuestión de ética pública.
El auto judicial reconoce que el contrato de compraventa era falso. No hay ambigüedad posible: la firma del vendedor fue suplantada, los informes periciales lo confirman, y uno de los implicados admitió haber falsificado el documento.
Y, pese a ello, el caso se archiva. No porque no haya delito, sino porque el tiempo lo ha borrado.
La jueza lo deja claro: el delito se cometió en 2006, o quizá en 2011, y por tanto prescribió antes de la presentación de la querella.
La ley dice que, pasado cierto tiempo, ya no se puede castigar. Pero la ley no dice que el delito deje de existir. Solo dice que ya no se puede tocar.
El delito existió, pero la justicia llegó tarde
El auto judicial reconoce que hay indicios suficientes de falsedad documental. Un contrato simulado, una compraventa inexistente y un pago de 180.000 euros cuya finalidad sigue sin aclararse.
No se trata de conjeturas: los hechos están acreditados. Lo único que impide una condena es el tiempo.
Esa palabra fría —prescripción— se ha convertido en el refugio más cálido de quienes confían en que los años los protejan mejor que la verdad.
Y cuando la justicia llega tarde, deja de ser justicia.
Ceuta y sus sombras urbanísticas
Este caso vuelve a poner bajo el foco una forma de hacer las cosas en Ceuta donde la frontera entre lo público y lo privado se desdibuja con demasiada facilidad.
En los documentos aparecen nombres vinculados a la empresa pública Emvicesa y a operaciones en Huerta Téllez, un escenario recurrente de irregularidades urbanísticas en la ciudad.
Que el presidente de la Cámara de Comercio —figura representativa del tejido empresarial ceutí— aparezca en el centro de este episodio, aunque sin responsabilidad penal, es institucionalmente grave.
Porque las instituciones no solo deben ser legales: deben ser ejemplares.
El tiempo, el mejor abogado
En Ceuta, como en tantos otros lugares, hay delitos que no mueren porque sean inocentes, sino porque los entierra el calendario.
Prescribir no es absolver. Archivar no es limpiar.
Es, simplemente, cerrar un caso sabiendo que algo turbio quedó sin respuesta.
La justicia protege la seguridad jurídica, sí, pero la sociedad necesita proteger la seguridad moral. Y esa no se mide en años, sino en valores.
Si aceptamos que el tiempo cura todos los delitos, estamos diciendo que la impunidad solo necesita paciencia.
Una lección que no debe olvidarse
El caso “Orquídeas y Princesas” no deja culpables, pero deja una verdad incómoda: el contrato era falso, el delito existió, y nadie responderá por ello.
No es un fracaso de una jueza, sino de un sistema que permite que el tiempo se imponga a la verdad.
Ceuta merece una vida pública donde la ética no prescriba.
Porque si seguimos archivando los hechos que nos avergüenzan, acabaremos creyendo que lo que no se castiga, se perdona.
