En la Sesión del Pleno de la Asamblea en Ceuta, celebrada esta mañana, se ha aprobado de manera unánime una modificación significativa en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos. La segunda parte de la propuesta, liderada por la consejera Chandiramani, se centra en la simplificación de procedimientos y la reducción de la carga tributaria para los ciudadanos.
La sugerencia de Chandiramani tiene como objetivo principal excluir del hecho imponible de la tasa las solicitudes de alta, baja o cambio de domicilio en el Padrón de Habitantes. Esta medida busca agilizar los procesos administrativos y aliviar la carga financiera para los residentes de la ciudad.
Con la aprobación de esta propuesta, la cuota tributaria resultante experimenta una modificación notable, eliminando específicamente la tarifa correspondiente a cambios de domicilio en el Padrón de Habitantes. Este cambio, una vez aprobado definitivamente, entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE).
La propuesta original, que contemplaba el establecimiento de tarifas de 80 céntimos por diez credenciales de residente y 2,05 euros por varios trámites administrativos, ha sido ajustada para dejar de cobrar por altas, bajas y cambios de domicilio en el Padrón de Habitantes. Se mantienen las tarifas para las credenciales, el certificado de empadronamiento, el de convivencia y otros documentos distintos de los mencionados anteriormente.
El debate en el Pleno reflejó opiniones encontradas, con el portavoz del PSOE, Juan Gutiérrez, abogando por la concreción de la norma y la portavoz del MDyC, Fatima Hamed, expresando preocupación por el supuesto «afán recaudatorio» de la administración. Chandiramani defendió la medida, negando cualquier intención recaudatoria y destacando la diferencia de 15 puntos porcentuales en la presión fiscal entre los residentes de Ceuta y el resto de los españoles.
En un gesto para aliviar la carga financiera, el Gobierno ceutí ha decidido eliminar los 2,05 euros que se cobraban por altas, bajas o cambios de domicilio en el Padrón de Habitantes, mientras continúa cobrando por otros trámites administrativos. La propuesta ha sido respaldada de manera unánime, destacando el consenso en la importancia de adaptar las tasas a las necesidades y realidades locales.
