Esta mañana, el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, compareció ante los medios de comunicación para explicar la relevancia del proceso de aprobación de las cuentas anuales de las sociedades mercantiles y la reciente dinámica del Consejo de Administración. Ramírez destacó que la aprobación de las cuentas es un reflejo contable de lo que ocurre en una sociedad durante el ejercicio anterior y es una imposición legal necesaria para el buen funcionamiento y la transparencia de la empresa.
Según Ramírez, es una obligación legal que las cuentas sean aprobadas y registradas en el Registro Mercantil, subrayando que esto no solo es una exigencia normativa, sino también una muestra de buena gestión por parte de los consejeros. «Es esencial que todos los consejeros estén al tanto de estos conceptos para poder gestionar adecuadamente las sociedades mercantiles,» afirmó.
Para que las cuentas sean aprobadas, se requiere una mayoría absoluta de los asistentes al Consejo de Administración. Durante estas reuniones, se plantea la situación financiera de la sociedad y se permite la intervención de los miembros que deseen expresar su postura, hacer preguntas o solicitar información adicional.
En la última reunión del Consejo de Administración, Ramírez señaló que solo un miembro, perteneciente al partido Ceuta Ya!, intervino y planteó una serie de preguntas y solicitudes de aclaración. Ningún otro miembro de los demás partidos hizo uso de su turno para intervenir o posicionarse respecto a las cuentas presentadas. Este miembro de Ceuta Ya! solicitó información adicional y aclaraciones que, tras ser respondidas por los técnicos presentes, llevaron a la decisión de posponer la votación.
Ramírez destacó que, debido a las solicitudes de Ceuta Ya!, se decidió trasladar la votación de las cuentas a un próximo consejo, previsto para las semanas siguientes, con el fin de proporcionar toda la información necesaria y garantizar una decisión informada y responsable.
El portavoz del Gobierno insistió en que la responsabilidad de los consejeros no debe tomarse a la ligera. «Es fundamental que cualquier miembro que vote en contra de las cuentas justifique su voto para evitar posibles responsabilidades legales y consecuencias negativas para la sociedad,» explicó. La falta de registro de las cuentas podría acarrear serias repercusiones, tanto legales como operativas, para la empresa.
Ramírez finalizó su intervención reiterando la importancia de una gestión transparente y responsable, asegurando que el Gobierno y los consejeros están comprometidos con el cumplimiento de las obligaciones legales y la protección de los intereses de las sociedades.