Ceuta, 25 de septiembre de 2025. La posible adjudicación del Hotel Puerta de África a la empresa Bulyba S.L., de la familia Bulaix, ha destapado un nuevo frente político en la ciudad. Pese a que el Gobierno local asegura estar analizando la solvencia técnica y económica de la compañía, los antecedentes de la misma siembran serias dudas sobre la transparencia y el rigor con el que se está llevando a cabo el proceso.
Un historial plagado de incumplimientos
El nombre de Bulyba no es ajeno a la polémica. La fallida adjudicación de la Huerta Molino, que acabó con deudas cercanas al millón de euros y una penalización impuesta por la Ciudad, se mantiene como ejemplo de mala gestión empresarial. A este episodio se suman impagos con Servicios Tributarios, recibos pendientes de Acemsa e incluso impuestos de IBI sin abonar desde 2018 de algunas de sus sociedades.
Además, uno de los hoteles del grupo se encuentra hipotecado para poder hacer frente a la deuda acumulada, lo que refleja la fragilidad financiera de una empresa que, paradójicamente, aspira a gestionar uno de los principales activos turísticos públicos de Ceuta.
Conexiones políticas en el punto de mira
La figura de Karim Bulaix, presidente de la Cámara de Comercio y administrador de Bulyba S.L., se sitúa en el centro del debate. Su papel, unido a la relación de su hermano Fuad Bulaix con la senadora del PP Cristina Díaz, ha encendido las alarmas sobre un posible conflicto de intereses en el proceso de adjudicación.
Para la oposición, estas conexiones no solo ensucian la imagen de la operación, sino que ponen en duda la independencia del Gobierno local a la hora de tomar decisiones que afectan a bienes públicos estratégicos.
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Riesgo para la credibilidad institucional
La presión social y política crece a medida que se retrasa la decisión sobre el futuro del Hotel Puerta de África. Sectores críticos advierten de que una eventual adjudicación a Bulyba sería un golpe a la credibilidad institucional, ya que mostraría una preocupante tolerancia hacia empresas con antecedentes de incumplimiento y deudas millonarias.
El desenlace de este caso se perfila como un termómetro de la capacidad del Ejecutivo local para priorizar el interés general sobre las afinidades políticas y personales. Si el Gobierno cede y adjudica el hotel a Bulyba, la polémica podría convertirse en uno de los mayores escándalos de la legislatura.
