Javier Ramirez
En los últimos tiempos, coincidiendo con la gestión de Juan Manuel Doncel, se han acelerado los avances hacia una mayor implicación del sector privado en la administración portuaria. La mayoría de los servicios que ofrece la Autoridad Portuaria de Ceuta están actualmente gestionados por empresas privadas, lo que plantea la cuestión sobre si estas acciones apuntan a una privatización del Puerto de Ceuta.
En los años recientes, varios empresarios han recibido el respaldo de Doncel y del Consejo de Administración, aunque dos destacan especialmente. Apellidos bien conocidos que han sido autorizados para modificar las actividades originales de sus concesiones, además de compartir en una misma nave actividades no relacionadas con los servicios portuarios. Se han construido modernas instalaciones para alquileres importantes y se han cerrado calles y accesos, facilitando a los inversores con mayores recursos mientras se mantiene la normativa vigente para concesionarios de menor escala.
La operación más reciente ha sido la privatización de la zona de estacionamiento cercana a la Estación Marítima, decisión que ha generado malestar entre los usuarios y, en particular, entre los trabajadores del área portuaria, quienes ahora deben pagar para poder aparcar durante su jornada laboral. Cualquier persona que desee recoger a un familiar o que labore en la Estación Marítima, zona comercial o en establecimientos como cafeterías o agencias de viajes debe asumir este coste. Esta situación continúa reflejando un predominio notable en la gestión del área portuaria de Ceuta.
Se supone que se han cumplido todos los protocolos y normativas para llevar a cabo esta medida. Desde hace meses, los negocios del margen derecho de la avenida, como cafeterías y agencias de viajes, han visto reducida su actividad debido a unas obras cuya finalidad no está clara, más allá de satisfacer los intereses de algún dirigente con gran influencia a quien Doncel concede muchas libertades.
Surgen dudas acerca de si todos los integrantes del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria están conformes con la situación. Asimismo, se cuestiona si la Delegación de Gobierno y Puertos del Estado están debidamente informados y por qué no intervienen.
Resulta difícil comprender cómo se permiten estas circunstancias en Ceuta sin que la mayoría preste atención o tome medidas.
