Ceuta, 19 de junio de 2025.
Rafael Pérez, exsecretario de Estado de Seguridad, compareció hoy como testigo por videoconferencia en el proceso judicial que se celebra en Ceuta por la devolución irregular de menores marroquíes en agosto de 2021. Están imputadas en el caso la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la exvicepresidenta del Ejecutivo local, Mabel Deu.
La declaración de Pérez se produjo en el último momento y se llevó a cabo un careo con Mabel Deu, autorizado por la Sala, ante las discrepancias surgidas sobre el alcance y contenido de una comunicación enviada desde Interior durante la crisis migratoria en Ceuta del verano de 2021.
“Se trató de una comunicación, no de una orden”
El exsecretario explicó que el 10 de agosto de 2021, bajo su responsabilidad, la Secretaría de Estado de Seguridad remitió a la Delegación del Gobierno en Ceuta una comunicación relativa al retorno de menores a Marruecos, fundamentada en el acuerdo bilateral de 2007. Su finalidad era garantizar que el proceso respetara los derechos e intereses de los menores, facilitando su reunificación familiar.
“No fue una orden. Si hubiera sido un documento mío, habría llevado mi firma. Fue únicamente una comunicación oficial de la Secretaría”, aseguró con firmeza.
Asimismo, destacó que el Ministerio del Interior en ningún momento emitió instrucciones para actuar al margen de la legislación española ni para devolver a los menores sin las garantías legales requeridas. “Evidentemente, no hubiéramos procedido de ese modo”, insistió.
Diplomacia tensada entre España y Marruecos
En ese periodo, las relaciones diplomáticas entre ambos países estaban gravemente comprometidas, recordó Pérez. No obstante, Interior mantenía «canales de interlocución» con Rabat debido a la sensibilidad del asunto.
“Era el único nexo de comunicación entre el Gobierno y Marruecos. La parte marroquí manifestó su disposición para recibir a los menores”, afirmó Pérez, quien recalcó que esa disposición no equivalía a una orden formal de su departamento.
Careo con versiones opuestas
En el careo mantenido entre Rafael Pérez y Mabel Deu, esta última, quien fue número dos del Gobierno ceutí, defendió que actuó bajo la convicción de que sus acciones estaban respaldadas por la legalidad, conforme a lo que interpretó como una orden del Ministerio del Interior para activar el acuerdo de 2007.
Deu afirmó haber recibido garantías sobre la legalidad de los procedimientos, e incluso envió una carta a Interior solicitando un cronograma para las entregas, que llevó a una reunión en la frontera del Tarajal.
Por su parte, Pérez negó que se enviara alguna planificación o directriz concreta. “Confiamos en la profesionalidad de quienes actuaron creyendo que era legal, pero afirmar que hubo una orden formal no es correcto. Solo se envió una comunicación, no instrucciones específicas”, matizó.
Contexto judicial
La investigación, tramitada por la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta, analiza la devolución de decenas de menores no acompañados a Marruecos sin resolución administrativa individual, como exige la normativa española y europea.
Las defensas de Deu y Mateos sostienen que actuaron de buena fe, creyendo que contaban con respaldo legal del Ministerio del Interior. Sin embargo, la testificación de Pérez ha generado incertidumbre respecto a la existencia de una orden explícita para realizar los retornos.