Por la tarde ha continuado el juicio, que ha proseguido con las cuestiones previas.
Planteada la recusación de la juez instructora por parte del abogado de López, José María Calero (Sevilla), a la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ceuta, Raquel Lucini, el fiscal la ha defendido y su relación con el agente policial del atestado «no puede viciar el procedimiento, ya que no fue el único, sino multitud de agentes lo que intervinieron. Y este agente ya había participado en multitud de actuaciones y no se le había impugnado ni recusado por nadie», ha manifestado.
«No se ha vulnerado el derecho a la defensa de Antonio López», ha remarcado el fiscal.
Posteriormente, el abogado Ignacio de Castro ha defendido a cuatro empleados (no funcionarios) de EMVICESA, explicando que hay incorrecciones que se dicen en el procedimiento. «Las decisiones se toman mucho después de las declaraciones testificales, que se usaron para investigar a los cuatro trabajadores y se usan a día de hoy», ha indicado De Castro. «Procede la nulidad de las declaraciones testificales, el oficio de la unidad investigadora, así como de varios informes policiales y anexo de intervenciones telefónicas de mis defendidos». Considera que esas diligencias de investigación se tienen que excluir de la causa «al tornar estos empleados de testigos a acusados». Otro letrado, Raúl Pardo, en defensa de otro trabajador de EMVICESA, José Manuel Zaragosí, ha manifestado que ha de aplicarse la invalidez probatoria, de todos los miembros del departamento comercial de EMVICESA y la anulación de los autos de las intervenciones telefónicas. ¿Si no hubieran declarado como testigos, qué indicios hubiera tenido la instructora?, se ha preguntado.
El fiscal se ha opuesto rotundamente a lo dicho por la defensa: «las declaraciones testificales se les tomaron porque era materialmente imposible que Antonio López ejecutase por sí solo todo, que tendría colaboradores y esto se ha tenido en cuenta». Por eso declararon los cinco trabajadores como testigos y la instructora decidió después, por los indicios, mutarlos a investigados, y no todos (caso Patricia Murillo).
El letrado de la acusación ha comentado que la Sala no puede entrar en ese asunto, «el de pasar de testigos a investigados».
Esta tarde se han sentado junto a los letrados defensores, Mohamed Mohamed Ali y Susana Román, con sus respectivas togas.
Hoy la Fiscalía ha presentado un escrito que hasta ahora no había aparecido sobre un oficio policial y una intervención telefónica en 2014 a un investigado. Ha sido de manera sorpresiva la aparición de esta documentación que antes no se encontraba y se dudaba de su existencia. El fiscal ha sorprendido a todos, que incluso han llegado a pedir tiempo.
