El exministro de Hacienda participó en la entrega de la Medalla de Oro otorgada a Juan Bravo, invitado por la Cámara de Comercio. Su asistencia adquiere relevancia tras conocerse la imputación judicial por un presunto favorecimiento a empresas del sector energético.
El 26 de junio pasado, Cristóbal Montoro visitó Ceuta para acudir a un evento institucional relevante: la entrega de la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio a Juan Bravo Baena, exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía y actual vicesecretario económico del Partido Popular.
Invitado por el presidente de la Cámara, Karim Bulaix, Montoro fue recibido como una figura clave para el crecimiento económico local. Durante su gestión ministerial, impulsó el régimen fiscal que permitió la instalación de empresas de juego online en Ceuta, decisión que revolucionó la economía de la ciudad y atrajo un nuevo sector empresarial digital.
La ceremonia contó con la presencia de representantes políticos, empresariales y sociales, centrados en reconocer la labor de Bravo como interlocutor eficaz ante las necesidades económicas de Ceuta.
No obstante, la visita de Montoro adquiere una nueva interpretación. El juez Rubén Rus, del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, decidió imputar al exministro por presuntamente beneficiar a compañías del sector gasístico durante su etapa en el Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy. La investigación, abierta desde hace siete años, está relacionada con un despacho de abogados fundado por Montoro que habría recibido favores desde Hacienda.
El levantamiento del secreto sumarial ha revelado documentos y pruebas que sugieren un posible conflicto de intereses y acciones que podrían constituir delitos de corrupción.
Desde la Cámara de Comercio no han emitido valoración alguna sobre esta imputación, subrayando que la invitación a Montoro tenía un carácter estrictamente institucional, dado su rol decisivo en el marco fiscal que actualmente permite a Ceuta competir como una plaza tecnológica y fiscalmente atractiva.
Esta visita se considera una de las últimas apariciones públicas del exministro antes de hacerse pública su vinculación judicial, un caso que podría traer consecuencias políticas y legales.
