Ceuta vive en los últimos años un proceso de concentración de adjudicaciones públicas y privatizaciones que ha generado creciente inquietud en distintos sectores sociales y políticos. Operaciones recientes —como la privatización de la Estación Marítima o la adjudicación del Hotel Puerta de África— han reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia, control y concurrencia en la gestión de infraestructuras y bienes públicos.
Privatización de la Estación Marítima
La Autoridad Portuaria de Ceuta ha adjudicado la Estación Marítima a Acciona, mientras que la gestión operativa del edificio y sus servicios ha sido otorgada al grupo Cope–Faro, presidido por Rafael Montero Palacios. Esta doble adjudicación ha incrementado la preocupación sobre la conveniencia de otorgar la explotación de una infraestructura estratégica a actores vinculados a medios de comunicación locales. El grupo Faro-Cope Fuentes consultadas advierten de la existencia de un entramado mediático-empresarial con intereses cruzados en sectores clave. En este contexto, la publicidad institucional y las concesiones públicas se habrían consolidado como herramientas capaces de influir en la narrativa informativa o de limitar la crítica sobre determinadas decisiones administrativas. Al grupo Faro_Cope se le adjudicó más de 4 millones de euros en estos últimos cuatro años
Polémica por la adjudicación del Hotel Puerta de África
El Gobierno de Ceuta adjudicó recientemente la explotación del Hotel Puerta de África a la empresa Bulyba S.L., vinculada a la familia Bulaix, que mantiene además una presencia destacada en medios locales como Ceuta TV y Ceuta al Día. La operación ha sido objeto de controversia por múltiples factores:
- La adjudicación se realizó sin carga de personal, lo que implica que los trabajadores pasarán a otras empresas municipales sin haber concurrido a procesos de selección pública.
- Técnicos de la Ciudad habrían expresado dudas sobre la solvencia técnica y económica de la adjudicataria.
- El proceso de licitación habría estado marcado por presiones internas y tensiones institucionales, generando incertidumbre sobre la independencia administrativa.
A ello se suma que la empresa adjudicataria y su entorno mediático han recibido más de 2.600.000 euros en fondos de comunicación institucional durante los últimos cuatro años.
Concentración mediática y posibles conflictos de interés
La creciente coincidencia entre grupos empresariales adjudicatarios y medios de comunicación plantea un riesgo real para la pluralidad informativa y la rendición de cuentas. Diversos observadores denuncian la existencia de una relación opaca entre financiación pública y cobertura informativa, lo que estaría derivando en un silenciamiento sistemático de determinadas operaciones administrativas de relevancia para el interés público.
Exigen mayor control y fiscalización
El conjunto de estas adjudicaciones y concesiones refleja una debilidad estructural en los mecanismos de control institucional. Expertos y colectivos sociales insisten en la necesidad de introducir medidas correctoras urgentes, como:
- Auditorías independientes de las principales adjudicaciones y subvenciones.
- Transparencia activa y accesible en todos los contratos, licitaciones y concesiones públicas.
- Revisión profunda de la política de publicidad institucional, garantizando su reparto plural y evitando dependencias mediáticas.
- Creación de una comisión de seguimiento con representación de la oposición y de entidades sociales para garantizar el control democrático.
Un reto para la integridad institucional de Ceuta
La concentración simultánea de poder económico, político y mediático en manos de un reducido número de grupos supone un desafío serio para la integridad institucional de Ceuta. Revertir la opacidad, reforzar la fiscalización pública y garantizar una gestión verdaderamente transparente de los recursos comunes se presenta como condición indispensable para recuperar la confianza ciudadana y asegurar un futuro de mayor equilibrio democrático.
