Ceuta, 25 de junio de 2025 – La administración de varias sociedades municipales en Ceuta vuelve a generar debate debido a indicios que señalan posibles irregularidades en la adjudicación de contratos. En particular, en el caso de Acemsa, este medio ha revisado numerosos contratos menores otorgados de manera directa y repetida a las mismas compañías, con importes próximos al máximo establecido por la ley, lo que sugiere una posible fragmentación para evitar los procesos ordinarios de licitación.
La inquietud aumenta al constatar la falta de respuestas firmes de los organismos de control, así como la ausencia de acciones por parte de los principales actores políticos y sindicales. A pesar de declaraciones que denuncian una “gestión poco transparente” o “opacidad”, los sindicatos mayoritarios y los grupos de oposición no han presentado denuncias ante la Fiscalía ni han iniciado investigaciones internas. Este mutismo es visto en algunos sectores como una señal de falta de acción institucional que podría comprometer la integridad del sistema público.
Responsables en la mira
De acuerdo con fuentes internas de diversas sociedades públicas ceutíes, las sospechas apuntan a directores generales, gerentes y encargados de gestión que habrían participado en prácticas presuntamente inadecuadas. Entre ellas, la preferencia reiterada en la asignación de contratos a ciertas empresas y el uso indebido de los procedimientos de contratación menor, lo cual, de confirmarse, infringiría los principios de concurrencia y transparencia exigidos por la normativa pública.
Déficit en la supervisión
El contexto actual evidencia una insuficiente eficacia en los controles. Ni la intervención general, ni los órganos fiscalizadores de la Ciudad Autónoma, ni las formaciones políticas representadas han promovido acciones correctivas. Este escenario fomenta una cultura administrativa opaca, donde la fragmentación de contratos, la ausencia de licitaciones públicas y la posible existencia de redes clientelares se han vuelto habituales.
Especialistas en administración pública consultados advierten que esta situación no es excepcional, sino que responde a un patrón asentado en diversas empresas municipales, donde las prácticas irregulares, si no se abordan a tiempo, pueden acarrear responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales.
El peligro de la impunidad
La falta de iniciativas formales por parte de quienes tienen capacidad de actuar plantea la cuestión: ¿quién supervisa a los supervisores? Sin interés político ni presión sindical para esclarecer posibles responsabilidades, la indagación depende de mecanismos internos y, eventualmente, de la justicia si se presentan denuncias o aportan pruebas documentales.
Por ahora, las investigaciones avanzan de forma reservada, sin apoyo institucional claro ni un calendario definido. La ciudadanía comienza a mostrar desconfianza creciente hacia el modelo de gestión pública, en un contexto donde los mecanismos de rendición de cuentas parecen debilitados.
Un problema estructural
Más allá de Acemsa, la problemática podría afectar a otras sociedades municipales, donde también se han identificado patrones similares. Aunque no existen confirmaciones judiciales, la reiterada adjudicación directa de contratos menores y la escasa rotación de beneficiarios en ciertos servicios públicos han generado alarma por un posible uso discrecional de fondos públicos.
Este escenario demanda una respuesta institucional clara que recupere la confianza en la gestión pública y fortalezca los mecanismos de control internos y fiscales. La ausencia de transparencia, acción política y supervisión efectiva supone un riesgo de carácter estructural: el deterioro progresivo de la credibilidad democrática y de los principios que deben regir el servicio público.
