Rafael Montero Palacios vuelve a ser protagonista de una nueva polémica relacionada con la gestión y adjudicación de concesiones administrativas, esta vez en la zona portuaria de la ciudad. Conocido por su capacidad para influir en operaciones de cesión tanto del Puerto como de la Ciudad Autónoma, Montero continúa ampliando su esfera de influencia, generando inquietud entre distintos sectores políticos y sociales.
Montero vuelve a atacar. Esta vez, tras la salida a concurso de una nueva concesión diseñada a medida por la Autoridad Portuaria, que contempla la cesión de más del 70% de terreno público para construir unos aparcamientos y un edificio de proporciones similares a la Estación Marítima. Una infraestructura que, según críticos del proceso, terminará siendo —como otras anteriores— una mera operación especulativa.
Un ejemplo citado con frecuencia es el caso de Mondazu : una concesión anterior adjudicada a Montero y posteriormente vendida a otro empresario local, pese a que este ya contaba con otra concesión en la misma zona para la misma actividad. A día de hoy, esa concesión está arrendada tanto a la Ciudad Autónoma como a otras empresas, lo que supone un incumplimiento directo de la normativa vigente sobre el uso del dominio público portuario.
No es la primera vez que el empresario se ve envuelto en maniobras similares. Años atrás, intentó hacerse con el antiguo Conservatorio de Música, ubicado en la calle González de la Vega. La operación, respaldada entonces por el diputado y consejero de Fomento, Francisco Márquez, fue revocada tras la intervención de técnicos municipales que desmontaron el expediente, inicialmente presentado como un futuro museo del Faro de Ceuta.
También resultó controvertida la adjudicación de la televisión pública local bajo el mandato de Emilio Carreira. Los informes de los técnicos de contratación no solo invalidaron el proceso, sino que pusieron en evidencia la gestión del que hoy ostenta el cargo de director general de Recursos Humanos.
El silencio de los partidos políticos ante estas maniobras es cada vez más evidente. Diversas fuentes apuntan a que existe un temor generalizado a las represalias mediáticas por parte del grupo de comunicación de Montero, lo que ha generado un preocupante clima de autocensura y falta de control institucional.
Desde este medio, anunciamos que en breve publicaremos una entrega especial dedicada a analizar con mayor profundidad el caso de la licencia de televisión , así como las implicaciones legales y políticas de las adjudicaciones vinculadas a Rafael Montero.