El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta en 2026 a un complejo entramado judicial que podría afectar no solo a su Ejecutivo, sino también a su entorno familiar y a su partido. Actualmente, existen una decena de procesos penales, en distintas etapas y en diversos tribunales, que se extenderán durante este año y posiblemente más allá.
El caso principal es el relacionado con la adquisición de mascarillas durante la pandemia, cuyo juicio en el Tribunal Supremo está previsto para febrero o marzo. La Fiscalía pide condenas que pueden llegar hasta los 24 años para los involucrados, entre ellos Koldo García, antiguo colaborador destacado de José Luis Ábalos. Paralelamente, se están investigando supuestos fraudes en contratos de obra pública vinculados a Santos Cerdán y varios empresarios, con ramificaciones en la Audiencia Nacional que incluyen a expresidentes autonómicos y directivos de empresas públicas.
Asimismo, se ha iniciado una investigación sobre movimientos de dinero en Ferraz que podría afectar directamente al PSOE y, de forma eventual, al propio Sánchez, a pesar de que una auditoría externa encargada por el partido confirmó la legalidad de dichas operaciones. La Audiencia Nacional mantiene también diligencias relativas a un presunto fraude de IVA en hidrocarburos, relacionado con la influencia política de Ábalos, y a la actuación de Leire Díez, considerada la gestora de informaciones del PSOE, la cual habría intentado obtener datos sobre la UCO y la Fiscalía en beneficio del partido.
El ámbito familiar del presidente tampoco queda fuera: su hermano David Sánchez está citado a juicio en mayo en Badajoz por la supuesta creación irregular de plazas públicas, y el llamado “Caso Begoña” investiga a su esposa por posibles delitos de tráfico de influencias y malversación vinculados a su actividad profesional y académica.
Existen además otras investigaciones bajo reserva, entre ellas una vinculada a la aerolínea Plus Ultra y a la posible blanqueo de fondos relacionados con Venezuela, al igual que una causa avanzada contra el ex fiscal general Álvaro García Ortiz, cuyo fallo en el Tribunal Supremo es firme aunque está pendiente de revisión por el Tribunal Constitucional.
En paralelo, Sánchez aguarda la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Ley de Amnistía. Un fallo adverso podría afectar indirectamente a su investidura, mientras que una decisión favorable probablemente daría pie a nuevas disputas jurídicas entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.
Con numerosos frentes abiertos y en diferentes niveles de desarrollo, 2026 se perfila como un año clave para la estabilidad política y judicial del presidente del Gobierno y su entorno.
