Este jueves, Uber Eats anunció que cesará la contratación de repartidores autónomos en España, convirtiéndose así en la última plataforma importante de reparto de comida que adopta un modelo totalmente basado en empleados asalariados. Hasta ahora, la empresa operaba con un sistema mixto: algunos repartidores eran autónomos y otros trabajan a través de subcontratas, a diferencia de Glovo y Just Eat que ya empleaban exclusivamente trabajadores asalariados.
Esta decisión se da en un contexto de creciente presión por parte de las autoridades y la posibilidad de sanciones penales para los directivos de Uber Eats. Fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron que, al modificar su modelo antes de que termine la investigación de Inspección, la compañía podría evitar una acción legal como la que enfrenta actualmente Glovo.
En un comunicado, un portavoz de Uber Eats afirmó que la empresa “ratifica su compromiso con el cumplimiento de la ley rider y, tras años colaborando con compañías de logística, ha optado por eliminar la colaboración con repartidores autónomos y promover un modelo sostenible a largo plazo”.
Los repartidores que hasta ahora trabajaban de forma autónoma podrán continuar bajo la modalidad de empleados en subcontratas. Aunque no se indicó una fecha precisa para completar esta transición, la empresa aseguró que se realizará “lo antes posible”.
Este cambio ocurre casi cinco años después de la aprobación de la ley rider y significa que los tres principales actores del sector operan actualmente con empleados asalariados: Just Eat desde el inicio, Glovo desde julio de 2025 y ahora Uber Eats.
Fuentes del sector señalan que Uber Eats había reducido considerablemente el número de repartidores autónomos en los últimos meses, preparando el terreno para esta transformación. La medida también busca cerrar procesos legales pendientes y garantizar un procedimiento “equilibrado para todos”, en coordinación con sindicatos y autoridades.
El Ministerio de Trabajo advirtió que, de no haberse realizado este cambio, se podría haber iniciado un proceso penal contra los directivos de Uber Eats basado en el artículo 311 del Código Penal, que establece penas de seis meses a seis años de prisión por imponer condiciones laborales que limiten derechos legalmente reconocidos.
Con esta medida, Uber Eats concluye la adaptación de un sector que, hasta hace poco, mantenía un debate constante sobre los derechos laborales y la regulación del trabajo autónomo.
