El Ministerio de Justicia ha comenzado a tramitar la solicitud de indulto total presentada para Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, condenado en noviembre por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación debido a la revelación de secretos. La petición, realizada por dos particulares, ha motivado que el ministerio solicite un informe al Supremo, según ha confirmado el Gobierno.
La condena impuesta a García Ortiz se debe a la divulgación de información confidencial relacionada con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, González Amador fue sancionado con una multa y una indemnización que asciende a 17.200 euros.
Esta solicitud de indulto se presenta en medio de un amplio debate jurídico y mediático. Más de 150 juristas, incluyendo exmagistrados del Tribunal Supremo como José Antonio Martín Pallín, Perfecto Andrés y Joaquín Giménez, así como el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, han firmado un manifiesto que cuestiona la sentencia, calificándola de «preocupante» por considerar que vulnera la presunción de inocencia de García Ortiz.
Además, Alberto González Amador ha solicitado la expulsión de García Ortiz de la carrera judicial y la suspensión del decreto emitido el 23 de diciembre por la fiscal general del Estado en funciones, Teresa Peramato. Dicho decreto autorizó la reincorporación de García Ortiz a la carrera fiscal, ahora asignado a la Sección de lo Social del Tribunal Supremo, después de que la Inspección Fiscal aprobara la medida.
El Ministerio de Justicia mantiene abierto el proceso, a la espera del informe del Tribunal Supremo, el cual es un requisito indispensable para que el Gobierno pueda tomar una decisión respecto al posible indulto del ex fiscal.
